Desde el comienzo del conflicto, se han llevado a cabo más de 800 ataques aéreos y 700 ataques terrestres que han causado miles de víctimas civiles. La Red Italiana de Paz y Desarme denuncia la implicación de fabricantes de armas y vuelve a pedir una investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra
El 26 de marzo de 2015 comenzó en Yemen la operación «Tormenta decisiva»: una vasta ofensiva militar llevada a cabo por las fuerzas armadas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contra los «rebeldes» hutíes y soldados leales al expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. . La operación militar inició un conflicto de siete años que provocó lo que UNICEF ha calificado como «una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 23 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, incluidos 13 millones de niños» y más de 377 mil muertos según a los datos de las Naciones Unidas.
Según documenta la organización yemení de derechos humanos Mwatana for Human Rights , durante los siete años de conflicto se llevaron a cabo más de 800 ataques aéreos y 700 ataques terrestres, que causaron más de 3.000 víctimas y 4.000 heridos entre la población civil. “Muchos de estos ataques aéreos no habrían sido posibles sin los suministros de armas europeos. Hasta el día de hoy, los gobiernos y las empresas europeas han seguido apoyando a la coalición liderada por Arabia Saudí exportando bombas, armas y repuestos, así como servicios de mantenimiento y formación. Además, se sospecha que estos armamentos se han utilizado en posibles crímenes de guerra”, denuncia la Red Italiana de Paz y Desarme.
Los episodios en cuestión están recogidos en una comunicación que varias organizaciones comprometidas con la protección de los derechos humanos (Amnistía Internacional, la Red Italiana de Paz y Desarme, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (Ecchr) , Campaña contra el Comercio de Armas , el Centro Delàs de Estudios para la Paz de Barcelona) enviado en diciembre de 2019 a la Corte Penal Internacional de La Haya reconstruyendo la dinámica de 26 ataques aéreos llevados a cabo por la coalición saudí que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad.
Las ONG subrayan cómo las exportaciones de armas por parte de empresas y países europeos han favorecido las operaciones militares y piden al Tribunal que investigue las actividades de Airbus defensa y espacio, Bea System, Leonardo y Dassault aviación. Además, se menciona a Raytheon Systems, Mbda France, Mbda UK y Rheinmetall (con su sucursal italiana RWM Italia) y Thales, quienes serían directa o indirectamente responsables de las redadas .aeronaves que se cree que son crímenes de lesa humanidad. “Los responsables en Europa que se benefician o alimentan el conflicto en Yemen deben rendir cuentas”, subraya la Red Italiana de Paz y Desarme. Que pide “examinar tanto la responsabilidad penal de los directivos de empresas como las prácticas e implicación de los gobiernos de Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido”.
De hecho, los datos de Naciones Unidas retratan una situación dramática: millones de personas están en riesgo de hambre, desplazamiento y muerte. Hasta la fecha, la comunidad internacional no ha hecho nada para detener los ataques contra civiles y, a pesar de las flagrantes violaciones de derechos humanos que se han documentado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó en octubre de 2021 en contra de la extensión del mandato del Grupo de Expertos Eminentes. on Yemen (Gee) encargado de documentar las violaciones de derechos humanos en el país. “Hay que acabar con la impunidad de los ataques contra la población civil, y por eso es necesario que la Corte Penal Internacional y las autoridades policiales nacionales investiguen la responsabilidad penal de los actores corporativos y estatales -pide Rete Italiana pace e disarmmo-. Las estructuras de la industria europea de armas requieren investigaciones y cooperación transfronterizas para rastrear completamente las responsabilidades de todos los actores involucrados. Al abrir una investigación e involucrar a las autoridades policiales nacionales, la Corte Penal Internacional podría establecer nuevos estándares en el manejo cooperativo de crímenes internacionales”.
Los ataques contra civiles casi se han duplicado desde que se desmanteló el organismo de la ONU que monitorea las bajas y los ataques a la infraestructura civil. En enero de 2022, al menos un ciudadano moría o resultaba herido cada hora, el mayor número de bajas civiles de los últimos años”, informa Jan Egeland, secretario general del consejo noruego para refugiados. Solo en 2021, más de 2.500 civiles fueron asesinados (unos siete al día) y el país vive una dramática crisis humanitaria: 31.000 personas no tienen qué comer y -según estimaciones de la ONG noruega- en junio el número de personas que corren el riesgo de morir de hambre llegará a 161 mil. Una crisis a la que la comunidad internacional está reaccionando con extrema lentitud: se necesitarían 4.
por Andrea Siccardo.
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