En últimos meses, la crítica a símbolos y valores religiosos, particularmente asociados al catolicismo, han venido escalando particularmente provenientes de sectores ligados al gobierno en turno cuando no provocados por los mismos comentarios del presidente de México.
Las particulares polarizaciones azuzadas por López Obrador incluso fragmentan el respeto del principio de laicidad y de los negocios eclesiásticos y estatales cuando, de manera recurrente, el presidente toma lo conveniente como una medida que justifica la cada vez más cuestionada transformación que dice encabezar. No han sido pocas las veces en las que, de una forma muy burda, AMLO trata de encapsular al Papa Francisco en sus absurdos propósitos. Se cuelga de la sotana papal y amarrar navajas diciendo que hay una Iglesia en México opositora a la manera de gobernar de aquel.
Tras la magna manifestación ciudadana del 13 de noviembre, AMLO expuso que hay líderes religiosos que están en contra “de ese gran Papa” y afirma, de nuevo, que la crítica a sus megalómanas intenciones proviene de una Iglesia asociada a los oligarcas: “El papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días en cuanto a la defensa de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifís…” Porque AMLO considera a Francisco como un verdadero campeón a quien quiere subir a su causa, “un papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos”, diría en la conferencia matutina de la mañana siguiente al masivo repudio y la defensa ciudadana del INE.
Pero las cosas no quedan ahí. Otras intenciones, afortunadamente ahora detenidas, han hecho temer por la libertad de expresiones religiosas y de creencias. La potencial sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para prohibir en espacios públicos la colocación de nacimientos preocupó a obispos y fieles en lo que se consideró una preocupante situación que pondría a México como un franco estado represor de la libertad religiosa uniéndose a otros países donde se han suprimido crucifijos, esculturas e imágenes de los espacios públicos ignorando deliberadamente la gran tradición que ha sido cimiento de nuestra cultura e idiosincrasia.
En estos tiempos de pluralidad donde se pide que otros grupos sean reconocidos en el goce de sus derechos, la Iglesia sólo pide lo que es un derecho. Nadie habla de discriminación, sino más bien de inclusión. Tampoco es imposición. La mayoría de los estados democráticos adoptan medidas para los ciudadanos de distintas confesiones y creencias, gozar de ventajas sin sobreponerse unos a otros. En un estado laico, los “ajustes razonables” implican una preservación de la neutralidad del estado que no debe molestar a religión alguna.
No hay duda de que este fin de año, México tiene en puerta un serio debate en torno a los derechos de religión y de pensamiento. La llamada cuarta transformación asoma una discusión que, lejos de ser una oportunidad de pluralidad, implica una seria regresión al autoritarismo. México fallaría a su deber de estado laico y neutral si define que un signo religioso no corresponde al ideal de igualdad. Esto es un franco estado de incertidumbre, pero peor aún, ¿estamos ante una velada persecución?
