El área de asuntos Públicos de Red Familia, determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incurrió en “conclusiones erróneas” por el Amparo 636/2019, que otorgó un juez federal de Xalapa, Veracruz, y que obliga a su Congreso a reformar los artículos 149, 150 y 153 de su Código Penal.
Dentro de las “severas inconsistencias”, señaló que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentó el Proyecto de Resolución, se extralimitó en su decisión, toda vez que reconoce que “no existe un tratado que obligue textualmente a un cambio en la ley de Veracruz, y pese a ello falla en sus interpretaciones sobre discriminación y violencia a la mujer”.
En un comunicado, señaló que Carrancá “considera unilateralmente que el delito de aborto discrimina a la mujer, e ignora que el 98% de las personas en la cárcel por el delito de aborto son hombres que ejercieron violencia contra las mujeres”.
Interpreta que la tutela de la vida de las niñas y niños por nacer va en contra de la protección de los derechos y las decisiones de las mujeres; además pasa por alto que, al establecer el delito de aborto, se tutela también el derecho de las mujeres que durante su embarazo son forzadas a abortar en condiciones de violencia y marginación,
agregó.
Establece como violencia que la mujer que cometió un aborto, sea orientada en materia educativa o reciba atención médica en lugar de cárcel y desconoce la finalidad de todo tipo de sanciones, ya que toda mujer que sufre un aborto requiere atención médica,
mencionó.
Sostuvo que tampoco “hay fuerza vinculante en los tratados internacionales que Carrancá menciona en su proyecto y que las interpretaciones de las comisiones solamente se vuelven vinculantes cuando una Corte lo determina”.
Por su parte, Mario Romo, director nacional de Red Familia, puntualizó que “este proyecto busca apartarse de los criterios que la misma SCJN ha establecido, para imponerlo a un Congreso autónomo y que tiene la facultad de legislar en esta materia y en su momento legisló a favor del reconocimiento a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural», por lo que “decir que hay una omisión legislativa es un atentado contra la ética de proteger la vida y el derecho a vivir, contra la razón y la lógica”.
De acuerdo con Laura Hernández, directora de asuntos Públicos de Red Familia, preocupa el proyecto del ministro Carrancá, ya que “existe una falta de método a la hora de interpretar las convenciones internacionales que México ha firmado y con ese error encima la SCJN debe valorar si lo acompaña en este proyecto”.
Por último, Red Familia exigió a la SCJN desechar el proyecto por el bien de las mujeres, de los mexicanos que están por nacer, y por el bien de la Constitución; además, solicitó respetar la soberanía de los estados y que no se imponga el aborto en Veracruz, al tiempo que exigió que se respete la separación de poderes, ya que las interpretaciones del ministro no son ley.
