El lobby LGTBI ha sufrido este miércoles, penúltimo día del 2020, una dura derrota que más allá de este caso concreto puede generar un enorme precedente en toda España y que, sin duda, hará revolverse a los ideólogos que desde hace años están imponiendo como un rodillo esta ideología bajo la bandera gay.
Desde hace ya unos cuantos años esta bandera se ha colocado de manera insistente en miles de ayuntamientos, sedes de gobiernos autonómicos o diputaciones de distintos signos políticos, desde el PSOE y Podemos a los del PP, pese a no ser representativa de toda la población ni siquiera para muchas personas con tendencias homosexuales.
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Pues a partir de ahora la cosa puede que cambie de manera radical. El primer ejemplo llega desde Valladolid donde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dictado que colocar la bandera LGTB en organismos oficiales vulnera la ley de banderas. De este modo, el juez ha dado la razón a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que denunció a la Diputación de Valladolid por colocar esta bandera con motivo del Orgullo Gay alegando que rompía la neutralidad y objetividad a la que están obligadas las instituciones públicas.
La Asociación de Abogados Cristianos reclamó en a la institución provincial que retirara la bandera y, ante su negativa, acudió al poder judicial al considerarlo un acto contrario a la «neutralidad y objetividad» que deben tener las administraciones públicas.
El juzgado da la razón a los juristas cristianos y asegura que la bandera “tiene carga ideológica”. En la sentencia se alude a la ley que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas, que «no resulta con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos».
La Diputación de Valladolid se defendió diciendo que en su balcón no colgó una bandera sino una colgadura, a lo que el juez afirma categóricamente que es “indiscutiblemente” una bandera por lo que en su propia definición ya contiene una carga ideológica.
“La carga ideológica de esta simbología no puede ni negarse ni desconocerse si se utiliza la más mínima de las lógicas”, afirma la sentencia.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha pedido a las administraciones «no entrar en una guerra de banderas que son ilegales» y que coloquen distintivos que representen a todos los ciudadanos.
Un dato fundamental es la cita del magistrado a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, donde la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo fijo como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
La sentencia del Supremo provocó que se produjeran varias denuncias y generó con un caos judicial, con posicionamientos distintos según el juez, puesto que algunos alegaban que la LGTB no es una bandera, algo que este juez de Valladolid desmonta en esta sentencia.
Desde 2014, el boom de las banderas gays en todos los partidos
Desde hace años, políticos de todo signo han cedido al chantaje LGTB. José Antonio Monago, del PP, presidente de Extremadura, colocó la bandera gay en el palacio autonómico en 2014, abriendo una época de entusiasmo en ayuntamientos y autonomías -ya no sólo de izquierdas- por este símbolo de una ideología particular. Antes que él, ningún parlamento o palacio autonómico gobernado por el PP lo había hecho.
En Madrid ciudad, gobernada por el grupo de izquierda populista en 2015 Ganemos Madrid, la bandera gay ondeó no sólo en el Palacio de Cibeles, actual alcaldía, sino en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín y en el aeropuerto de Barajas durante las fiestas del Orgullo Gay. La entonces concejala de Cultura, Cecilia Mayer, ordenó por carta a los responsables de las empresas titulares de los edificios, ADIF y AENA, «la colocación» de la enseña «en lugares visibles» de sus «instalaciones».
La presidenta de la región de Madrid entonces, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, ordenó colocar las banderas del lobby gay en distintos edificios autonómicos. Presumía de su militancia pro-LGTB: «Yo siempre he apoyado las reivindicaciones de este colectivo, lo he hecho también de una forma expresa en el programa electoral mediante el compromiso de una ley de transexualidad y de una ley contra la discriminación y a favor del colectivo LGTB«, proclamó. Esa ley la usó Cifuentes para intentar multar al colegio católico Juan Pablo II por una carta en la que se criticaba la ideología de género… multa que luego al justicia anuló.
También las localidades madrileñas de Móstoles y Alcalá de Henares, con alcaldes socialistas, colgaban en 2015 esta enseña en sus balcones. La portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, declaraba ese año que la bandera de la ideología gay «no es polémica».
Diputados regionales de la izquierda populista de Podemos y representantes de la Asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Asturias (Xega) colocaron la enseña del lobby en el principal balcón de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Podemos lo pidió por vía oficial y le apoyo IU; aunque en aquel año tanto los grupos del PP como del PSOE en Asturias declinaron «la propuesta de participar y consideraron que no era adecuado que la bandera estuviera en la fachada».
También el ayuntamiento de Oviedo, con alcalde socialista, colgó en 2015 por primera vez la bandera del lobby en su balcón principal. En Cantabria, según la prensa regional, colgaron los colores LGTB alcaldes socialistas como los de Santa Cruz de Bezana, Torrelavega, Cartes, Santoña, Laredo o Colindres.
En Alicante el nuevo alcalde socialista también ha hecho ondear la bandera del lobby gay, aunque la anterior alcaldesa electa, Sonia Castedo, del Partido Popular, era declaradamente afín a este lobby y se declaraba a favor del aborto, el matrimonio gay, las fiestas de orgullo gay y participaba en homenajes a la masonería (después fue imputada por corrupción aunque no llegó nunca a ser condenada).
La bandera del lobby gay ondeó también ese año en los ayuntamientos de Denia (alcalde socialista), Altea (alcalde de Compromís, coalición de izquierda radical), Benidorm (con el alcalde del Partido Popular Antonio Pérez… el PP lo hace allí desde 2010), Torrevieja (alcalde de Els Verds), Sagunto (alcalde de Compromís), Gandía (alcaldesa socialista), Alcira (alcalde de Compromís), Godella (alcaldesa de Compromís) o Játiva (alcalde socialista).
En Valencia capital el nuevo gobierno municipal de Compromís en 2015 hizo colgar una bandera gay de tamaño grande en el consistorio. Pero hay que recordar que hace pocos meses el ayuntamiento gobernado por Rita Barberá del Partido Popular dejó colgar un gran lazo con los colores del lobby en una de sus fachadas.
Las Cortes Valencianas en 2015 establecieron con el apoyo de todos los grupos -a excepción del PP regional- que cada 28 de junio cuelgue la bandera del lobby en la fachada. Ante la nueva sentencia del Supremo en 2020, parece que esta decisión parlamentaria sería ahora nula de pleno derecho.
También se colgó en 2015, por primera vez, la enseña de la ideología gay en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca, con el visto bueno del PSOE, Ciudadanos, Ganemos y de incluso el Partido Popular (entonces Alonso Fernando Fernández, que gobernaba Salamanca con 12 concejales y el 40% del voto). En 2007 el balcón del grupo municipal socialista amaneció con la bandera multicolor: en ese año el entonces alcalde, Julián Lanzarote, hizo que la Policía municipal la retirara. Al final, el PP salmantino asume la ideología que antes criticaba.
También se usó la bandera gay por primera vez en 2015 en el Concello de Santiago de Compostela, al pasar a ser gobernada por una coalición de extrema izquierda nacionalista gallega. Lo mismo sucedió en La Coruña y Ferrol.
Andalucía era un caso especial: esta región, siempre bajo gobierno socialista, usaba la bandera gay desde 2011. En 2015 organizó se produjo un izado de bandera del lobby gay con la asistencia de representantes de los cinco partidos con representación (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU).
Incluso en 2019 el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciaba en ABC: «Por supuesto que vamos a colgar en el Ayuntamiento de Madrid la bandera LGTBI, como todos los años. Esta cuestión no es objeto de debate», afirmó rotundo el alcalde de Madrid, según recoge ABC.
El repaso es incompleto, pero, como ya indicamos en ReL, quedaba claro que la ideología del lobby gay ocupa en España un espacio desproporcionado que los políticos le entregaban acríticamente -y, ahora se comprueba, contra el deber de neutralidad al que estaban obligados- , un espacio que no tienen otras muchas causas dignas de mayor atención, desde el Día contra la Pobreza hasta el Día de la Lucha contra el Hambre.
Con información de Religión en Libertad
