De nuevo, la resolución del amparo en revisión 216/2022 vuelve a encender una polémica suspendida en noviembre pasado cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó pasar su proyecto para mejor ocasión. Se trata de la polémica cuyo acto reclamado es la colocación de “objetos decorativos” alusivos al nacimiento de Jesucristo durante los meses de diciembre y enero en el ayuntamiento de Chocholá, estado de Yucatán y otros.
El recurso promovido por Miguel Fernando Anguas Rosado, abogado y colaborador en diversos medios de opinión política, buscaría “determinar si la potestad del Ayuntamiento del Municipio de Chocholá de colocar símbolos religiosos en espacios públicos es violatoria de la libertad religiosa, y de los principios constitucionales del Estado laico y el principio de igualdad y no discriminación”.
A través la asociación civil Kanan Derechos Humanos, se emprendieron varios litigios en contra de tres ayuntamientos en Yucatán por la posible violación al Estado laico y la discriminación de las personas que no son católicas.
A diferencia del proyecto de octubre, de 315 consideraciones y 87 cuartillas, el nuevo proyecto a discutirse el 14 de junio tuvo una notable reducción para quedar en 236 y 67 cuartillas. En esencia, se pretende amparar al quejoso para que el ayuntamiento yucateco no use recursos públicos para la instalación de nacimientos o símbolos religiosos navideños; a diferencia del anterior advierte: “Los efectos del presente acto reclamado, de ninguna manera implican negarle a cualquier particular una manifestación pública de sus creencias religiosas, ni su celebración – vgr. la Navidad -, en los términos que lo permita la ley”, consideración que no aparece en la primera versión de octubre.
Si bien es cierto que el nuevo proyecto está “descafeinado”, la esencia de este subsiste. Una prohibición pública de los símbolos religiosos para desatar un discriminatorio precedente que podría constituir una cascada de sentencias, el resquicio legal para vulnerar la libertad religiosa.
La república laica ha logrado consolidar una paz con el fenómeno religioso debido a un proceso que no fue pacífico, pero sí de controversia y gran dolor. Distinto al de otras naciones, quizá sólo en coincidencia con las de España o la URSS, en México se juró desaparecer a la religión. Al punto de la persecución, no es ocioso recordar cómo en Estados del país se ensayó la versión de un socialismo mexicano y tropicalizado donde el gobierno controló inclusive el número de sacerdotes católicos. Se desacralizaron espacios religiosos, se les convirtió en establos y la ley plasmó medidas que restringieron la libertad religiosa.
En 2022 se cumplieron 30 años de una nueva condición jurídica de la libertad religiosa reconocida por organismos internacionales afirmando que en este país los ciudadanos pueden profesar la religión que mejor les convenga de acuerdo con su conciencia y vivir las expresiones públicamente sin ser molestados.
A lo largo y ancho de nuestro país, plazas y lugares comunitarios han albergado símbolos religiosos no sólo como expresión de fe, son parte de una cultura popular. Guardan la medida del paso del tiempo, de días y celebraciones comunitarias algunas consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo anterior no sólo es parte del baluarte católico, otras iglesias denominaciones religiosas también lo hacen echando mano de sus símbolos. Nadie les molesta. Y esto es gracias al régimen constitucional de una república laica.
Los obispos de México expresaron su preocupación por este proyecto de resolución el cual, afirman, “ignora la importancia y carácter identitario y cultural de la realidad social mexicana, particularmente las de carácter cristiano” y lo consideran un “acto de represión de los símbolos y expresiones culturales que forman parte del patrimonio histórico y cultural del pueblo mexicano, lo que no encuentra sustento en precedentes de otras jurisdicciones”.
Si se trata sólo del uso del presupuesto público para montar imágenes religiosas en espacios públicos, la medida puede tener una salida más beneficiosa que la de una perniciosa sentencia que atente contra expresiones culturales y, en el fondo, contra la libertad religiosa. No está en juego el dinero simplemente. Son valores que, en estos momentos, pueden contribuir a la paz frente a la violencia que cada vez más nos aniquila. Ese es el verdadero problema.
