La interrupción de la circulación en la autopista México-Puebla, de las principales que comunican al oriente y sureste del país con el centro, fue una calamidad estrepitosa que pocos han advertido, no sólo por las restricciones en el tránsito, también por las pérdidas millonarias en bienes, servicios y mercancías dejando un boquete económico de difícil reparación.
El bloqueo por los supuestos ejidatarios reclamó el pago de indemnizaciones por la expropiación de sus predios. Liderados por un par de abogados, la indolencia del gobierno y la ausencia de autoridad fueron suficientes para que miles de personas quedaran varadas por días aunado a la parálisis de mercancías que colapsó el comercio del país.
Aun cuando las principales agrupaciones empresariales y comerciales no han dado cifras definitivas, el cálculo podría ascender a una cantidad estratosférica: 131 mil millones de pesos según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, con la consecuente impacto por el desabasto de alimentos, la pérdida de perecederos, la interrupción de cadenas de producción de autopartes y cancelaciones de hoteles y restaurantes, así como el virtual secuestro de miles de personas quienes tuvieron que “vivir” durante días en la autopista.
¿La mejor salida de AMLO? Una respuesta que lejos de animar a la confianza, fue la típica de un gobierno indolente, la de no aceptar ninguna clase de chantajes de campesinos y que podrían permanecer ahí: “No sé exactamente (cuánto más quieren que se les pague), pero están queriendo abusar, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos, que no se dejen manipular por los abogados; ya hay mesas de diálogo pero por ningún motivo acepto y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes” acusó el presidente.
Lo de la México-Puebla no es una cosa que deba pasar como mera anécdota por las exigencias de un grupo de campesinos y un gobierno que se dice no manipulable. En el fondo es reflejo de una realidad que también sucede en otras partes del país. La violencia ha hecho que comercios y trabajos cierren y se pierdan por el desastre que impera. Negocios, empleos y la vida en sí, se han arruinado por la ausencia del Estado y la desconfianza. Los inversionistas pierden y se retiran y las ciudades son pueblos fantasmas que deben ceder ante la dinámica del crimen y del horror.
Pero además, el megabloqueo de la autopista México-Puebla es la señal de algo preocupante. La ausencia del imperio de la ley y del estado de derecho. Empecinado en un capricho, el presidente de México cree que lo sucedido fue el equivalente a haber bloqueado una terracería o cualquier vía rural sin mayores consecuencias. Al final, todas esas pérdidas las absorberá el consumidor de a pie, las amas de casa, los pequeños empresarios y comerciantes que deben amortiguar el costo de la negligencia. Todos seremos impactados en el bolsillo debido a esto. México está en vías de perder la confianza y, al final, de ser un país manipulado donde el estado de derecho es pura fantasía y palabrería.
