La administración Trump ha presentado su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027, que contiene numerosas disposiciones destinadas a negar fondos federales a la industria del aborto.
La propuesta, sujeta a debate, reformas y votación, mantiene los límites de larga data a la financiación del aborto, incluyendo la Enmienda Hyde contra la financiación directa de la mayoría de los abortos, la Enmienda Hyde-Weldon contra la financiación de entidades que discriminan a los proveedores de atención médica provida, y la disposición Kemp-Kasten contra la financiación de cualquier organización involucrada en programas de aborto coercitivo. El texto de la propuesta establece que “Ninguno de los fondos asignados en esta Ley, ni ninguno de los fondos en ningún fondo fiduciario al que se asignen fondos en esta Ley, se gastará en ningún aborto”; o para “cobertura de beneficios de salud que incluya la cobertura del aborto” o medicamentos o cirugías para personas transgénero.
Otras disposiciones que contiene la propuesta, prohíben que las subvenciones del Departamento de Estado se destinen a organizaciones que realizan o promueven abortos, prohíben cualquier financiación de investigaciones que impliquen el uso de tejido o células fetales abortadas; exigen que los estudiantes de medicina opten conscientemente por cualquier formación sobre aborto que puedan recibir, en lugar de que se les exija por defecto y tengan que optar por no participar, bloquean la financiación de abortos en prisiones federales, prohíben que los fondos se destinen a abortos electivos a través del Cuerpo de Paz y el programa de Beneficios para Empleados de Salud Federales, y más.
A las pocas semanas de regresar al cargo, Trump comenzó a aplicar la Enmienda Hyde, restableció la Política de Ciudad de México, que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales usar fondos públicos para abortos electivos en el extranjero, y recortó millones en subsidios a favor del aborto congelando el gasto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En julio pasado, promulgó su controvertida «Ley Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley» (BBB, por sus siglas en inglés), un amplio paquete de políticas que incluye una prohibición de un año para que los fondos públicos federales se destinen, a través de Medicaid, a entidades que practican abortos por razones distintas a la violación, el incesto o las supuestas amenazas a la vida de la madre.
Sin embargo, las propuestas presupuestarias de la Casa Blanca no son vinculantes, y los presupuestos reales suelen ser muy inferiores a lo acordado tras su tramitación en el Congreso.
Según se informa,
el presidente republicano
de la Cámara de Representantes,
Mike Johnson,
ha descartado incluir
el retiro de fondos a Planned Parenthood
en el próximo proyecto de ley
conciliado con los demócratas,
con el fin de aprobar
una renovación sin condiciones
del financiamiento
al Departamento de Seguridad Nacional
y, con ello,
lograr la aprobación
de la agenda de deportaciones de Trump.
El gobierno de Trump
también enfureció recientemente
a los provida,
al renovar por un año más
las subvenciones del Título X
otorgadas a Planned Parenthood
durante la era Biden.
La Casa Blanca argumentó que estaba «obligada por ley» a hacerlo, pero recalcó que este sería el último año. Los provida han instado a Trump a que restablezca la Regla de Protección de la Vida de su primer mandato, que exigía una separación completa, tanto financiera como física, entre los beneficiarios del Título X y su participación en el aborto.
Por CALVIN FREIBURGER.
JUEVES 9 DE ABRIL DE 2026.
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