El Tribunal de Cuentas analiza el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a las sanciones por malversación impuestas a los líderes del procés. Pregunta al gobierno catalán -de quien depende el ICF- sobre el asunto y advierte que “cometería un nuevo desvío de dinero público”. La tarjeta amarilla está sacada.
Porque la situación es la siguiente: el Tribunal de Cuentas juzga malversación de dinero público e impone sanciones de 10 millones de euros a los responsables. Hasta aquí lo normal: el Tribunal de Cuentas vela por que el dinero público se destine a fines de interés general no a proyectos ideológicos de parte ni a ‘ensoñaciones ideológicas’…
Los líderes separatistas, esos dispuestos a dar la vida por la patria son incapaces de asumir su responsabilidad patrimonial. Así que el gobierno catalán, en su permanente deslealtad crea un fondo para darles cobertura. Los encausados buscan un aval bancario pero no lo encuentran. ¿Qué banco iba a avalar una malversación de fondos públicos? La nueva Caixa se comporta como un banco.
Y en el último minuto de desesperación, vuelve a llegar el ICF a avalar su desvarío separatista financiado con el dinero de todos. Nueva vuelta de tuerca en la deslealtad.
Las presiones del gobierno Sánchez para que el Tribunal de Cuentas mire para otro lado son tremendas. Pero la institución no puede sino cumplir con la legalidad. Para eso están las instituciones. Y por eso molestan tanto a los separatistas violadores de la ley y al gobierno que sostienen.
Así que la situación actual es de ‘tarjeta amarilla’. Veremos a ver si se transforma en roja en aplicación de la ley o finalmente queda en un ‘ay’ si ‘su sanchidad’ impone su deterioro institucional.
Lo mismo ocurre con el Plus Ultra: una juez suspende las ayudas de Ábalos “por no estar justificadas” y da al gobierno cinco días para justificar el rescate. El gobierno lejos de justificar alega que sin el rescate los primeros 19 millones de euros se perderían. O sea que reconoce que la compañía ligada al ‘madurismo’ está ‘drogada’ de dinero público español.
También el Constitucional puso en solfa el estado de alarma de Sánchez. Un recorte de libertades sin sostén jurídico.
La Justicia pone al gobierno en su sitio. Y eso explica la voluntad de la toma de control. ¿Que Bruselas insiste en que los jueces sean quienes gobiernen a los jueces? “No cuenta con legitimación popular”, responde el gobierno. Traducción: no les controlaríamos nosotros. El choque de trenes está servido.
El anzuelo del pescador
Correos quiere ser teleco. Correos ya fue banco y ahora pretende ser teleco, compitiendo con dinero público contra el sector privado. ¿No es hora de que el zapatero se dedique a sus zapatos?
Tipos cero. Lagarde mantendrá el ‘manguerazo’ del BCE hasta que la inflación se sitúe en el 2% “de forma duradera”. Caminamos hacia el modelo japonés.
Peligro inmobiliario. Los bancos vuelven a llenar sus carteras crediticias de ladrillo y el gobernador del Banco de España vuelve a advertir del “peligro inmobiliario”. ¿No aprenderemos nunca la lección?
