El cardenal Angelo Becciu ha vuelto a alzar su voz, y lo hace de forma sensacional: con una denuncia presentada ante la Fiscalía en Roma, denuncia una presunta conspiración urdida en su contra, que habría resultado en la condena impuesta en diciembre de 2023 por el Tribunal Vaticano por fraude y malversación de fondos.
Una condena vinculada a los ya famosos sucesos de la compra de una costosa propiedad en Londres por parte de la Secretaría de Estado y el uso de fondos confidenciales, por los cuales Becciu siempre ha negado todos los cargos.
Pero ahora el cardenal afirma que tras esa investigación hubo una verdadera «trama», una construcción artificial y controlada para incriminarlo, orquestada por Francesca Immacolata Chaouqui, figura conocida por su implicación en el escándalo de Vatileaks II y señalada por Becciu como uno de los principales engranajes del supuesto plan acusatorio.
Según consta en la denuncia, fue la propia Chaouqui —gracias a la mediación de su colaboradora Genoveffa Ciferri— quien presionó al principal testigo de cargo, Monseñor Alberto Perlasca, induciéndolo a cambiar su versión de los hechos.
La iniciativa de Becciu se basa en más de 325 páginas de mensajes de WhatsApp que, según el cardenal, demostrarían la existencia de contactos repetidos y selectivos entre Chaouqui, Ciferri y Perlasca.
Este material, ya entregado por la defensa de Raffaele Mincione ante las Naciones Unidas, representaría para el cardenal la confirmación de lo que siempre ha sostenido:
- todo el sistema acusatorio en su contra estaría contaminado por presiones indebidas,
- una dirección oculta
- y una convergencia entre algunas figuras italianas y la justicia vaticana.
No solo eso.
El documento presentado ante la fiscalía sugiere que Chaouqui y sus colaboradores podrían ser responsables de delitos muy graves como fraude y extorsión.
Una acusación que también se extiende a las formas en que, según Becciu, intentaron desviar la investigación en su contra, violando la corrección procesal y socavando la independencia del poder judicial.
El cardenal, al hacer pública su iniciativa legal, expresó su consternación por el contenido de los chats que están surgiendo gradualmente y declaró que estos mismos intercambios textuales le habrían dado la confirmación definitiva de la existencia de una acción orquestada para arruinarlo.
Las defensas de otros acusados en el juicio vaticano también comparten esta línea de defensa, incluyendo a Raffaele Mincione y Fabrizio Tirabassi, quienes no solo afirman no estar involucrados en los hechos controvertidos, sino que acusan abiertamente a los magistrados, tanto vaticanos como italianos, de haber manejado las investigaciones incorrectamente.
Según ellos, las conversac iones que han surgido pondrían de manifiesto la presión ejercida especialmente contra el promotor [Fiscal]de justicia vaticano, Alessandro Diddi.
Mientras la Fiscalía de Roma evalúa la denuncia, el misterio se agudiza en uno de los episodios más controvertidos de los últimos años dentro del Palacio Leonino.
Y Becciu, cada vez más decidido a revocar su condena, confía ahora a la justicia italiana la evaluación de un caso que parece ser un ejemplo sensacional de justicia manipulada y que se espera se resuelva con una decisión propia del nuevo papa León XIV, quien ya ha recibido al cardenal sardo con gran cordialidad.
Las conversaciones secretas de Chaouqui y Ciferri: cómo engañaron al poder judicial del Vaticano
Están surgiendo nuevos e inquietantes detalles en la investigación que condujo a la condena en primera instancia del cardenal Angelo Becciu.
El foco de atención se centra ahora en un vasto corpus de chats —más de 325 páginas de mensajes de WhatsApp— que está reescribiendo la narrativa oficial del «juicio del siglo» en el Vaticano.
Estos intercambios, que involucran a Francesca Immacolata Chaouqui, Genoveffa Ciferri e, indirectamente, al promotor de justicia vaticano Alessandro Diddi, plantean serias dudas sobre la autenticidad de la acusación y la autonomía del sistema judicial vaticano.
Entre los firmantes de la denuncia se encuentran también otros acusados condenados en primera instancia: Enrico Crasso, exgerente financiero de la Secretaría de Estado, el funcionario Fabrizio Tirabassi y, en paralelo, el financiero Raffaele Mincione.
El expediente se basa en los chats de WhatsApp, ya presentados por la defensa de Mincione en un procedimiento ante las Naciones Unidas.
Los mensajes se refieren a intercambios entre Chaouqui y Genoveffa Ciferri,
una conocida de Monseñor Perlasca,
principal testigo de cargo.
Según los acusadores,
Perlasca fue presionado para cambiar su versión de los hechos.
Chaouqui,
«haciéndose pasar por un magistrado cercano al promotor de justicia del Vaticano»,
actuó con la mediación de Ciferri.
Según las reconstrucciones que surgen de diversas fuentes de la defensa, en particular las de los abogados de Raffaele Mincione y Fabrizio Tirabassi —coacusados en el juicio—, las conversaciones entre Chaouqui y Ciferri delinearían una trama paralela, compuesta de presiones, sugerencias manipuladas e interferencias directas sobre el principal testigo de cargo, monseñor Alberto Perlasca.
Habría sido precisamente gracias a las solicitudes coordinadas de las dos mujeres que Perlasca habría modificado su versión inicial, desviando toda la investigación hacia una dirección preestablecida.
Pero lo más sorprendente es el papel que estas conversaciones parecen atribuir al promotor de justicia, Alessandro Diddi.
En algunos pasajes, recogidos en los documentos también entregados a las Naciones Unidas, Chaouqui y Ciferri se expresan en un tono confidencial y, en ocasiones, autoritario, dando la impresión de disfrutar de un canal privilegiado con la Fiscalía.
En una dinámica que recuerda más a una estrategia de influencia que a una legítima contribución informativa, surgen mensajes en los que se formulan hipótesis sobre las preguntas que se le pueden hacer a Perlasca, se discute cómo «orientar» su memoria y se anticipan las acciones del tribunal.
El efecto de este intercambio, ahora objeto de una denuncia del cardenal Becciu ante la Fiscalía de Roma, habría sido engañar a la judicatura vaticana, ofreciéndole una narrativa artificial pero aparentemente coherente, hábilmente construida por sujetos externos a la investigación.
El daño, según la defensa, sería doble: por un lado, se habría distorsionado la reconstrucción de los hechos; por otro, se habría socavado la credibilidad de la propia justicia vaticana, convirtiéndola, contra su voluntad, en instrumento de una operación que nada tiene que ver con la autonomía ni la imparcialidad.
Lo más inquietante es que todos estos chats ya estaban en posesión de algunas defensas desde 2022, pero fueron ignorados o considerados irrelevantes por el poder judicial del Vaticano.
Solo ahora, ya sin el Papa Francisco, con su publicación y análisis completos, comienza a emerger una segunda verdad, en la que Becciu y sus coacusados ya no aparecen como artífices de tramas ilícitas, sino como víctimas de una estrategia de manipulación llevada a cabo por sujetos externos al ámbito judicial, pero capaces de influir profundamente en él.
Chats secretos y manipulaciones: Las revelaciones que ponen en crisis a la justicia vaticana
El juicio del cardenal Angelo Becciu, condenado en primera instancia por el Tribunal Vaticano en diciembre de 2023 por fraude y malversación de fondos, adquiere cada vez más la apariencia de una operación opaca, en la que se multiplican los indicios de una verdad artificial.
Ya no se trata solo de dudas planteadas por la defensa o de interpretaciones divergentes, sino de elementos concretos y documentados, que comienzan a emerger gracias a la publicación y el análisis de un extenso archivo de chats de WhatsApp (más de 325 páginas) entre Francesca Immacolata Chaouqui, Genoveffa Ciferri y el principal testigo de cargo, Mons. Alberto Perlasca. Material que la defensa considera decisivo para demostrar cómo toda la investigación estuvo contaminada por condicionamientos externos.
Las nuevas revelaciones, divulgadas por Domani, ensombrecen aún más este asunto.
En un intercambio que presumiblemente data de antes del 13 de enero de 2023 —día en que Chaouqui y Ciferri comparecieron ante el tribunal—, Chaouqui escribió a su interlocutor palabras que hoy parecen una confesión:
Debemos entender lo que tiene que decir. Para evitar que los chats se consideren fiables si alguna vez decidimos profanarlos. Porque en este caso, Becciu tendría razón. Hay que desactivar la bomba. Para mí, lo que dije en el juicio es válido. No conozco a Diddi. Si resulta que todos estábamos de acuerdo, se acabó».
Una frase, subrayada por el propio Becciu en una declaración publicada tras el artículo del periodista Nello Riera, que, según el cardenal, por sí sola «es más que elocuente».
Becciu afirma que tales revelaciones «confirman lo que he denunciado desde el principio y que, en gran medida, el juicio ya ha demostrado».
El cardenal señala las «decisiones cuestionables adoptadas por el tribunal, a petición de la oficina del promotor de justicia, que han permitido que estas conversaciones se mantuvieran en secreto».
Según él, se mantuvo deliberadamente en secreto material potencialmente explosivo, lo que podría haber desbaratado todo el sistema acusatorio.
La investigación que se abrió en 2019 sobre la controvertida inversión inmobiliaria en Sloane Avenue, presentada por muchos como un punto de inflexión histórico para la transparencia financiera de la Santa Sede, corre el riesgo de revelarse como una caja de Pandora.
Quien ha pagado las consecuencias hasta ahora ha sido Becciu, obligado a dimitir como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a renunciar a sus derechos cardenalicios tras la dramática audiencia del 24 de septiembre de 2020 con el papa Francisco.
En aquel momento, aún no había sido investigado formalmente: solo existía el memorial de Monseñor Perlasca en su contra, elaborado, como es evidente hoy, con aportaciones y sugerencias externas.
Curiosamente, durante el vuelo de regreso de Japón, en noviembre de 2019, el propio Papa dijo estar orgulloso de que «se hubiera descubierto la olla desde dentro».
Hoy, esa olla, más que un instrumento de transparencia, se presenta como un recipiente opaco donde se han mezclado elementos judiciales y maniobras paralelas, una investigación que ha actuado más por efecto de la presión que por la fuerza de la evidencia.
En particular, resulta desconcertante que Becciu siga figurando entre los cardenales no electores, a pesar de ser menor de ochenta años:
Este trato resulta desproporcionado en comparación con el reservado a otros cardenales:
- Jean-Pierre Ricard, quien admitió haber abusado sexualmente de una niña de 14 años, conservó el derecho a voto hasta alcanzar la edad canónica en 2024;
- Angelo De Donatis, un firme defensor del jesuita Marko Rupnik —expulsado de la orden tras acusaciones consideradas creíbles—, permanece plenamente integrado en el Sacro Colegio. La desproporción es evidente y reabre una cuestión ética y jurídica de enorme importancia.
Llegados a este punto, es legítimo preguntarse:
¿Acaso el juicio siguió la decisión del Papa Francisco o, por el contrario, fue precisamente esa reunión de 2020 la que desencadenó una maquinaria judicial construida para justificar un castigo ya impuesto?
En el origen de todo, recuerda Becciu, estaba la acusación de haber asignado fondos del Vaticano a una cooperativa vinculada a su hermano, acusación sobre la cual incluso el Tribunal, si bien la condenó, tuvo que reconocer el posible propósito social de la iniciativa, cuestionando únicamente el método. ¿Fue esto realmente suficiente para destituir a un prefecto y privarlo de las prerrogativas cardenalicias?
La impresión creciente es que el proceso a Becciu no fue el resultado de una investigación autónoma y rigurosa,
sino el producto de una cadena de decisiones influidas por dinámicas externas,
conversaciones comprometedoras
y presiones
que hoy -después de años- corren el riesgo de desintegrar la credibilidad no sólo de la justicia vaticana,
sino de toda la gestión interna de la Santa Sede.
La reacción de las autoridades vaticanas por ahora es de máxima reserva, mientras que el cardenal Becciu ha declarado sentirse «traicionado» y «profundamente herido» por el descubrimiento de esas conversaciones, que confirmarían sus acusaciones de conspiración.
Mientras tanto, el Vaticano se encuentra lidiando no solo con las consecuencias de un juicio controvertido, sino también con la sombra de una posible distorsión de la justicia, alimentada por conversaciones informales y relaciones opacas que amenazan con desbordar todo el sistema acusatorio construido en los últimos años.
Por GIANCARLO CAVALLERI.
CIUDAD DEL VATICANO.
FARODIROMA.
