Tras la polémica sentencia del la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- sobre la inconstitucionalidad del capítulo VI del Código Penal Federal acerca del delito de aborto, la Conferencia del Episcopado Mexicano fijó su postura acerca del polémico veredicto que reivindica la acción jurídica realizada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), colectivo que puso en controversia el sistema jurídico punitivo del aborto y, de acuerdo con la sentencia que dio el amparo u protección de la justicia de la Unión a los quejosos, el aborto es un delito que deberá ser derogado del Código Penal por ser contrario a la Constitución, especialmente en los derechos de la mujer.
Por el contrario, el comunicado suscrito por el Consejo de la Presidencia de la CEM encabezado por el arzobispo Rogelio Cabrera López, afirma que la sentencia de la SCJN “no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población” y tampoco obligarían a los Congresos de los Estados a iniciar procesos legislativos para la despenalización del aborto. Actualmente, doce Estados consienten el aborto voluntario de la mujer sin consecuencias punibles.
Para la CEM, la sentencia vuelve evidente una realidad social misma que los pastores deben “entender y atender” con la debida diligencia.
El comunicado señala que, aparejado con esta decisión de la SCJN, está la “violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres” además de que la sociedad “no puede lavarse las manos” suprimiendo a los más débiles.
Los obispos de México pugnan por la dignidad de la vida; la sentencia, por el contrario, es reflejo de la violencia contra las mujeres “tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres”. Para los obispos, la despenalización del aborto es la normalización de la cultura del descarte eximiendo a las autoridades de sus responsabilidades al afirmar que hacerlo legal “desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”.
La debilidad de las personas requiere de “los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del estado”, buscar alternativas en lugar de privar de la libertad; no obstante, los obispos consideran que el aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima. Considerarlo como opción trae detrás una “interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático”, señalan en el comunicado.
La actual situación entorno a esta polémica, a decir de los prelados, es lamentable ya que insiste en la polarización social “e infringir otras fracturas en el tejido social”, los obispos insisten en la búsqueda de soluciones que “hoy tenemos que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas sin hacer prevalecer a una persona sobre otra”.
Los obispos al afirmar que la fe cristiana “nos ayuda mirar con mayor profundidad el drama terrible del aborto y nos urge a proclamar ante todos la grandeza y dignidad de cada hombre, cuya vida es un don de Dios” concluyen en afirmar que la legalización del aborto provocado significaría “el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello es el verdadero problema”.
El comunicado completo puede leerse aquí.
