El inicio del primer período de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión abrió con el primer regalo al presidente López Obrador: el Poder Judicial servido en charola de plata. Los legisladores meten acelerador para que, en tiempo récord, la reforma a diversas disposiciones de la Constitución esté aprobada también por los Congresos estatales donde el partido oficialista tenga aplanadora legislativa e inicie el desmantelamiento del único Poder que servía de contrapeso a las decisiones autoritarias del Ejecutivo.
De poco o nada sirvieron las intentonas de parlamento abierto para lograr un consenso adecuado de las reformas. En el proyecto de decreto que aprobaron los diputados del oficialismo, y ahora está en manos del Senado, no sólo se diseñó la onerosa elección de ministros, magistrados y jueces federales a través de un absurdo proceso de elección popular que costará alrededor de 7 mil millones de pesos en una eventual elección extraordinaria en 2025 para que, de forma escalonada, la carrera judicial sea suplida por este proceso electoral en el que las decisiones de candidatos estarían en manos de los políticos. Se dice que estaría garantizado que los “mejores y aptos” sean propuestos; sin embargo, son puros propósitos que no tienen seguridad alguna para su mejor realización.
Lo cierto es que las discusiones han tenido ya un impacto social y económico que abren un boquete de incertidumbre y provocan que una de las economías latinoamericanas más importantes entre en el mar de las tormentas de desconfianza y descrédito. Las movilizaciones sociales están en un punto que han llevado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a apropiarse de los accesos de la Cámara de Diputados e impedir la protesta presidencial del 1 de octubre, en resumen, un caos que lleva a esta nave llamada México hacia un océano de oscuridad.
Diversas escuelas, universidades y colegios de abogados han planteado fundados estudios acerca de los riesgos evidentes de la reforma judicial, entre ellos, la Escuela Libre de Derecho. En “Estudios sobre la Reforma Judicial”, publicado este septiembre, la institución ofrece su mano para abrir el diálogo y abrazar una reforma al Poder Judicial de manera responsable, objetiva a partir de la realidad. Sus conclusiones no vacilan en señalar que, al final, el Poder Judicial Federal “terminará por convertirse en una Corte colaborativa”, debilitando el sistema de derecho y de justicia.
Igualmente, los especialistas no dudan en señalar que, al entrar en vigor, el desmantelamiento del Poder Judicial para hacerlo “popular” habrá de entrar en conflicto con el actual sistema de protección de los derechos humanos. México se verá sumido en justicia basada en decisiones políticas, en aplicación de sentencias sobre intereses del poder de la mal llamada 4T y en la justicia parcial que volvería la disertación legal y especializada un discurso barato de propaganda ideológica. Eso ya se ve cuando las ministras en funciones ligadas a López Obrador, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ignorantes del derecho, pero pretenden cubrir su supina ignorancia con discursos amorcillados, cargados de ideología.
Lo que vive México en estas horas no sólo es vergonzoso sino digno de un país que no merece llamarse República. Con razón, los obispos de México han llamado a los legisladores a mantener un diálogo profundo y sereno en virtud de que las reformas en discusión no abaten la corrupción ni garantizarán la efectiva impartición de justicia.
Efectivamente, como afirman los obispos de la Iglesia de México, este país tiene “necesidad de reconstruir de forma integral la justicia… en todos sus niveles,(es) un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal generalizada en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia”, repudia una reforma que sólo nos encamina al abismo de la autocracia y la stalinización de la política. Eso sí es un peligro para México cuyas consecuencias todavía no vislumbramos en su totalidad. ¡Defendamos el control y el sistema del equilibrio del poder antes de que sea demasiado tarde!
