Según avanza la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal que tiene como objetivo perseguir a los provida que rezan y ofrecen ayuda en las inmediaciones de los abortorios más dura se presenta contra estas personas y grupos que pretenden salvar vidas.
El objetivo será castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida que acudan cerca los abortorios, pero la redacción definitiva del artículo 172 quater del Código Penal se ha endurecido aún más a última hora pues equipara penalmente a los provida con los maltratadores y acusados de violencia de género.
Según informa Ana Martín El Debate, el artículo definitivo del Código Penal incluirá un quinto apartado que elimina la necesidad de denuncia previa. El texto dice lo siguiente: “en la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal”.
En la práctica esto supone equiparar las vigilias de oración y los rescates de los provida a los casos de violencia de género. De hecho, el delito de coacciones, que regula el artículo 172 originario del Código Penal está directamente vinculado a que exista una denuncia previa por parte del coaccionado o de su abogado. Excepto en el caso de las víctimas de la violencia de género. Y a partir de ahora también con los provida
Esta ampliación parte ahora del PNV
La inclusión de este quinto apartado se debe a la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fruto de la enmienda que presentó a la proposición de ley del PSOE.
El PNV afirma que la persecución penal debe producirse de oficio y no observarse como delitos privados ya que “en esto las mujeres también precisan acompañamiento institucional”. En su opinión, de necesitarse una denuncia, “muchos delitos quedarían impunes porque ante todo las mujeres quieren preservar su intimidad”.
De salir adelante este punto bastará con que cualquier persona que afirme estar presenciando un delito a las puertas de un abortorio llame a la Policía. Los agentes se personarán y elaborarán un escrito que remitirán al juez (no hay detenciones salvo en los casos de violencia). El juez, a su vez, citará a las partes a un juicio sobre delitos leves.
ReL.
13 enero 2022.
