Para mitigar la propagación asociada al Covid-19, burócratas regresarán a sus oficinas hasta principios del próximo año.
Así lo determinó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien explicó que con esta medida se busca reducir la propagación del coronavirus Covid-19.
El Diario Oficial de la Federación publicó un Acuerdo en el que se faculta autorizar o facilitar que los funcionarios públicos trabajen desde casa.
Estipula que la medida será obligatoria en el caso de adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, entre otras.
Expone que para reducir la transmisión del Covid-19, durante el periodo comprendido entre el primero de octubre de 2020, al 04 de enero de 2021, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas a la modalidad de home-office, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal”.
El documento indica que están exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, el personal del Servicio Exterior Mexicano, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
En esa misma línea, están: los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionados con los servicios de salud, protección civil y demás que se determine como esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Se resalta que la Secretaría de Salud mediante el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenó el 31 de marzo de 2020, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado al 30 de mayo de 2020, mediante similar publicado el 21 de abril de 2020.
El documento aclara que la prolongación del periodo de contingencia sanitaria obliga a continuar con la operación de la Administración Pública Federal, en coordinación con la política de sana distancia.
Dicho Transitorio lo firma la funcionaria, Sandoval Ballesteros, para que entre en vigor al día siguiente de su publicación, la cual fue el 30 de septiembre pasado.
