Para el día 29 de julio la sala primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, con el voto de cinco ministros, resolverá si el Congreso del Estado de Veracruz debe reformar su código penal por ser señalado como “discriminatorio”.
Este “concepto político” usado continuamente por servidores públicos perversos para legalizar lo malo y convertirlo en bueno, ahora lo aplican a Veracruz desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro propuesto para ese cargo por el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, quien hace unos días dio a conocer su proyecto de resolución de amparo en revisión 636/2019 en el que toma postura a favor del aborto e indica la eliminación de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz. Esto significa que las madres pueden matar a sus hijos con libertad, desde su vientre, sin sentirse “discriminadas” por ello.
Veracruz, desde el 2016, mediante la Iniciativa Popular “Sí Vida”, única en su modalidad en la historia de México, estableció en su Constitución Política la protección a la Vida Humana, desde la Concepción hasta su muerte natural. La participación de cientos de miles de Veracruzanos, así como las votaciones a favor en dos tiempos por la mayoría del Congreso que representa al pueblo y los más de 150 cabildos que ratificaron la reforma, es la expresión popular de una sociedad que eligió su destino a favor de la Vida Humana.
Desde entonces fuerzas políticas anticristianas, grupos internacionales, jueces, diputados de MORENA y la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN con la CONAVIN, han emprendido un ataque ininterrumpido contra esta decisión popular; una guerra sin cuartel contra todo lo que significa Vida, Familia, Educación, Matrimonio y Libertades, instituciones y valores que han venido sosteniendo, todavía, nuestra civilización. Es el caso de la insistente búsqueda de la reforma de este Código Penal, por encima de su Constitución.
Ahora usan a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN como un brazo ejecutor contra la VOLUNTAD POPULAR de los VERACRUZANOS que INSCRIBIERON EN SU CONSTITUCIÓN LA PROTECCIÓN A LA VIDA HUMANA.
La posición de este MINISTRO tiene ANTECEDENTES muy evidentes CONTRA LA FAMILIA, LA MUJER y LOS HIJOS.
En 2013 cuando el ex ministro y ex presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel fue escándalo público al revelarse como padre, meter a la cárcel a la madre de sus dos hijos con autismo de 6 y 7 años de edad, por haberlo denunciado de incumplimiento de pensión alimenticia, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ en su calidad de magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), le dio el beneficio al ex ministro, su amigo, y firmó una sentencia de reducción de pensión alimenticia en contra de los pequeños, indefensos.
Ahora nuevamente quiere repetir la historia, el recomendado del presidente de la República toma posición, favoreciendo a sus amigos que lo llevaron al puesto, contra los más indefensos, que son los hijos mexicanos por nacer.
El tema de Veracruz no es un tema jurídico, ojalá lo fuera porque entonces no habría nada que debatir. El tema es eminentemente político, ideológico y de intereses perversos.
En sus 15 páginas de exposición de este proyecto de resolución, se pueden leer las aberraciones de este ministro. Entre muchas, graves, excluye el derecho de mujeres que son violentadas y forzadas a abortar; ignora que la tutela del bien Jurídico radica en la salud de la madre y del hijo por nacer; prescinde del test de proporcionalidad, tan necesario y básico, para la suficiencia ante las aparentes restricciones de derechos normativos; viola el principio de proporcionalidad, de división de poderes y de libre configuración de los Estados con una injerencia excesiva contra la autonomía de un Congreso Local.
Se convierte en una amenza grave para todas las entidades del país, pues se impone como antecedente una nueva facultad de la SCJN: legislar. Si el caso es así, no a razón de la esencia de la República con la soberanía e independencia de sus tres poderes.
Con esta acción la Suprema Corte toma una posición altamente lesiva contra el Congreso de Veracruz y violenta, sin igual, la división de poderes.
Tremendo nudo gordiano el que tiene en sus manos la Suprema Corte para darle, desde esa entidad, el paso a la legalización de la muerte humana en el país.
Llama la atención que el ministro haya fijado públicamente su resolución tres días después que los Obispos mexicanos dieran a conocer su declaración conjunta sobre el Don de la Vida y la Dignidad de la Persona Humana.
Suenan las campanas de alerta en México, la pestilencia por la mortandad crece, la violencia y el vacío de un buen gobierno aumenta, la incertidumbre se desborda, la corrupción y voracidad la han vuelto sin igual, y ahora, la perversidad por querer institucionalizar la cultura de la muerte no tiene comparativa. Así las cosas.
¿Qué le pasa a esta sociedad que ha escogido a los “peores” para que le gobiernen y le impartan justicia?
¡Si cae Veracruz, caemos todos!
¡Veracruz, es solo la señal!
