A inicio de la presente administración, se dio un lema que se explotó hasta que ya no tuvo razón de ser: “Salud sin costo para todos”. Este ambicioso objetivo se trazó para beneficiar a personas sin ningún tipo de servicios o afiliación en las instituciones responsables de los tratamientos de enfermedades y el cuidado de los mexicanos. La pandemia reveló la vulnerabilidad del sistema de salud público y cómo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Insabi, fue un fracaso del cual no tenemos explicación alguna.
Desde el inicio de la presente administración, los señalamientos en contra del desaparecido Seguro Popular lo denostaron como un sistema inservible y que “nada tenía de popular”. Sin embargo, la cobertura en el número de afiliados y de enfermedades graves que requerían tratamientos especializados era garantizada por los subsidios gubernamentales y el fortalecimiento de los fondos de gastos catastróficos. El ejercicio de recursos era notablemente importante. De 2013-2017, el presupuesto ejercido aumentó en 4.1% en promedio anual al pasar de 66 mil 726 millones de pesos en 2013 a 78 mil 501 millones de pesos en 2017. En pocas palabras, funcionaba.
Pero la pandemia de covid-19 reveló el talón de Aquiles del sistema de salud. El Insabi tuvo serios cuestionamientos de parte de la oposición en el Congreso de la Unión debido a la ausencia de garantías en esta transición para garantizar y no interrumpir los tratamientos de los más de 50 millones de afiliados además de no tener claridad sobre el uso del fondo de gastos catastróficos.
Inexperiencia e improvisación, con un antropólogo a la cabeza, su arranque se valió de los recursos del Seguro Popular dejando en el desamparo a los afiliados. Por todos lados surgieron las protestas de la desatención, la falta de insumos y el retraso de tratamientos a enfermos creando un serio problema de inestabilidad e irritación social.
Y para más preocupación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a través de una nota técnica publicada en agosto de 2021, señaló que entre 2018 y 2020, se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2% a 28.2%. En dos años hubo un aumentó de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada.
Y aún queda pendiente la rendición de cuentas del fracaso del Insabi que ahora asume el un estresado IMSS con graves deficiencias presupuestarias para atender a los más de 46 millones de derechohabientes y a sus 12 millones 410 mil 533 asegurados.
En agosto de 2020, los obispos de México en el mensaje “Abrazar a nuestro pueblo en su dolor”, señalaron que en nuestro país, la pandemia evidenció “la necesidad de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios, y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos”.
Sin embargo, para AMLO, México camina hacia un destino maravilloso. Lo repitió de nuevo este 15 de abril en Juchitán, Oaxaca. “Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca”, dice un presidente cuya obnubilada retórica insiste en el poderío de salud de un país que sólo existe en su pensamiento. El sistema de salud ya no aguanta. Así como fue la “primera gran reforma del gobierno”, al concluir será su primer gran fracaso…
