Monseñor Alberto Perlasca, uno de los protagonistas de la escandalosa venta del palacio londinense, testigo clave en el proceso Becciu, en excelentes relaciones con las señoras Francesca Chaouqui y Genoveffa Ciferri, quienes según confesiones hechas durante el juicio, lo convencieron de acusar al cardenal Angelo Becciu, fue renombrado promotor de justicia añadido al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica , la casación de los tribunales eclesiásticos que actúa también como tribunal administrativo para toda la Iglesia.
Era el lugar al que el Papa Francisco lo había trasladado tras deponerlo como jefe de la oficina económica de la Secretaría de Estado, cuando salían a la luz los problemas en torno a la venta del edificio londinense. Lo curioso es que cuando se conocieron las estafas en las que había caído más o menos conscientemente, la Signatura Apostólica, por orden del Pontífice, lo había despedido.
El meollo del escándalo se encuentra en un quinquenio demencial (2014-2019) durante el cual la enorme caja (600 millones) del dicasterio más importante del Vaticano, la Secretaría de Estado, fue gestionada como si fuera un fondo de cobertura. Es decir, con un enfoque altamente especulativo, inconcebible para quienes poseen el producto del Óbolo de San Pedro.
Ahora, una carta del cardenal Parolin comunicaba a la Signatura que monseñor Perlasca «había sido confirmado» en ese cargo: presumiblemente por decisión de Bergoglio. El promotor de justicia equivale a un fiscal. Desde allí, quién sabe, su cordial entendimiento con los investigadores vaticanos tendrá la oportunidad de reforzarse aún más. Después del cardenal Becciu, quién sabe a quién le tocará…
FRANCESCA CHAOUQUI Y EL PAPA FRANCISCO
EL PAPA FRANCISCO EN LA VIGILIA PASCUAL 5.
ROMA, ITALIA.
LUNES 15 DE ABRIL DE 2024.
DAGOSPIA.
