Tras la votación formal de la Asamblea Nacional a favor de los proyectos de ley sobre la «muerte asistida», la Conferencia Episcopal Francesa publicó una reacción a la vez mesurada en el tono y seria en el fondo.
Los obispos reconocen la votación del 25 de febrero.
- Celebran explícitamente la inclusión en la ley del fortalecimiento de los cuidados paliativos, recordando que constituye una condición esencial para garantizar el alivio del dolor y un apoyo digno.
- Este reconocimiento no es insignificante. Recuerda una verdad que a menudo se oculta en el debate público: la respuesta al sufrimiento no es la eliminación del paciente, sino un apoyo atento, competente y compasivo.
- El desarrollo efectivo de los cuidados paliativos en todo el país sigue presentándose, con razón, como un imperativo de justicia.
- Pero esta satisfacción no debe oscurecer la esencia del asunto.
La Conferencia Episcopal Francesa expresa con seriedad su profunda oposición a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. El tono es firme, sin exageraciones. Se trata de un desacuerdo fundamental, no de una disputa circunstancial.
El estrecho margen de votos que permitió la aprobación del texto, junto con el constante aumento de votos en contra, revela una verdadera división en la representación nacional.
Los obispos enfatizan que «una cuestión tan fundamental, que involucra el concepto mismo de dignidad humana y el papel de la medicina, no puede ser decidida por una mayoría tan frágil sin generar un profundo malestar democrático». Esta observación trasciende el ámbito religioso. Afecta la esencia misma del contrato social. Cuando la ley
autoriza a un médico a causar deliberadamente la muerte, no se trata simplemente de una evolución técnica de la ley; es una redefinición radical de valores compartidos.
Cabe recordar que durante los debates parlamentarios se alzaron numerosas voces: profesionales sanitarios, juristas, filósofos, representantes de pacientes y personas que trabajan sobre el terreno.
Sus advertencias fueron específicas. Se documentaron extensamente los riesgos de ambigüedades jurídicas, las presiones sociales y familiares que pesan sobre los más vulnerables y la profunda transformación de la misión médica. El médico, tradicionalmente llamado a curar y aliviar el sufrimiento, ahora podría verse obligado a causar la muerte. Esto representa una importante transformación antropológica.
Los obispos lamentan que no se hayan tenido en cuenta estas preocupaciones, en particular la ausencia de una cláusula de establecimiento que respete las cartas éticas propias de ciertas instituciones.
Aún más grave, la continua criminalización de la obstrucción a la justicia se denuncia como una grave violación de la libertad de conciencia, lo que supone un riesgo real para los esfuerzos de prevención del suicidio.
Una sociedad que pretende ampliar las libertades no puede, al mismo tiempo, restringir las de las personas que moralmente se niegan a cooperar en un acto que consideran inherentemente injusto. La esencia de la declaración reside en esta afirmación: «Legalizar la muerte asistida no es simplemente un ajuste técnico de la ley; es, en realidad, un cambio antropológico».
El término es contundente, pero preciso. Lo que está en juego no es un mero procedimiento, sino la definición misma de la dignidad humana.
Si la dignidad depende de la autonomía absoluta o de la ausencia de dependencia, los más vulnerables, tarde o temprano, se convertirán en vidas consideradas de menor valor.
La Conferencia Episcopal Francesa reitera con firmeza que «quitar deliberadamente una vida no puede constituir progreso humano». En una cultura tentada por la eficiencia y el control absoluto de la existencia, esta declaración resuena como un saludable recordatorio. El verdadero progreso no consiste en acelerar la muerte, sino en profundizar la solidaridad. Una sociedad verdaderamente fraternal, escriben los obispos, se reconoce por la forma en que cuida a los más vulnerables, no por la facilidad con la que acepta causarles la muerte. En estos momentos decisivos, esta declaración no es solo la de la Iglesia, sino también un llamado a la conciencia nacional.
Cabe señalar
que muchos sacerdotes
ya están pidiendo la excomunión
de los parlamentarios católicos
que votaron a favor de este proyecto de ley.
Sin embargo, por el momento, los obispos no están considerando tal medida canónica, a la espera de la continuación del proceso parlamentario, la votación final y la aprobación definitiva de la ley antes de considerar cualquier decisión al respecto.
Texto completo de la reacción de los obispos de Francia tras la votación solemne
de la Asamblea Nacional sobre los cuidados al final de la vida
La Conferencia Episcopal de Francia toma nota de la votación solemne celebrada el 25 de febrero de 2026 a favor de los proyectos de ley relativos a los cuidados paliativos y a la asistencia a la muerte.
Celebra que el fortalecimiento de los cuidados paliativos, condición esencial para garantizar el alivio del dolor y un apoyo digno a todas las personas al final de la vida, se haya consagrado en la ley. El desarrollo efectivo de estos cuidados en todo el país sigue siendo una prioridad y un imperativo de justicia.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal Francesa reitera su firme oposición a la aprobación de la legislación que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. El estrecho margen de votos que permitió la aprobación del texto, sumado al creciente número de votos en contra, revela una importante división en la
representación nacional. Una cuestión tan fundamental, que atañe al concepto mismo de dignidad umana
y al papel de la medicina, no puede decidirse por una mayoría tan estrecha sin dejar un profundo malestar democrático.
Durante los debates parlamentarios, numerosas voces (profesionales de la salud, juristas, filósofos,
representantes de pacientes, profesionales sanitarios y parlamentarios) emitieron advertencias específicas y bien fundamentadas.
Muchas alertaron al público sobre los riesgos de las ambigüedades legales, lasposibles presiones sociales y familiares sobre las personas vulnerables y la transformación radical del rol del médico, ahora llamado no solo a tratar y aliviar el sufrimiento, sino también a causar la muerte.
La CEF lamenta que no se haya abordado ninguna de estas importantes preocupaciones,
en particular la inclusión de una cláusula institucional destinada a garantizar el cumplimiento de los códigos éticos específicos de ciertas instituciones. Asimismo, el mantenimiento del delito de obstrucción, además de su grave violación de la libertad de conciencia, supone un riesgo real para los esfuerzos
de prevención del suicidio .
En un tema de tal gravedad, la decisión de seguir adelante sin un amplio consenso
resulta profundamente preocupante. Legalizar la muerte asistida no es simplemente un
ajuste técnico de la ley; representa un cambio antropológico fundamental que altera profundamente
los cimientos mismos de la sociedad.
La Conferencia Episcopal Francesa reitera firmemente que quitar deliberadamente una vida no puede
constituir progreso humano. Cuenta con la continuación del proceso parlamentario para
reafirmar que una sociedad verdaderamente fraternal se reconoce por la forma en que cuida a sus
miembros más vulnerables, no por la facilidad con la que acepta causarles la muerte.
Por PHILIPPE MARIE.
VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026.
TCH.
