En la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, mientras la Selección Mexicana celebraba su triunfo y las pantallas proyectaban imágenes de algarabía, un grupo de ciudadanos intentó mostrar otra cara del país. Madres buscadoras de personas desaparecidas, maestros de la CNTE y diversos colectivos sociales se manifestaron en las inmediaciones del recinto. No tuvieron una plataforma real ni la resonancia para demostrar al mundo la dicotomía que atraviesa a México, la apariencia de abundancia, paz y estabilidad que el régimen cuatroetero se empeña en defender, frente al dolor, la inestabilidad crónica, la corrupción acelerada por la impunidad y la erosión sistemática de derechos fundamentales.
La presidenta de México resumió su lectura de los hechos con una frase que encierra la lógica oficial: “Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México”. Con ello no solo minimizó el sufrimiento de decenas de miles de familias, sino que equiparó la exigencia de justicia con una supuesta hostilidad hacia la nación. Los manifestantes aspiraban a que el reflector internacional no se limitara a los goles y los cánticos, sino que también iluminara las sombras: más de 130 mil personas desaparecidas según el Registro Nacional, según datos oficiales actualizados; miles de madres que siguen caminando sin respuestas; comunidades enteras sometidas al miedo por la violencia y la extorsión y un sistema de justicia que rara vez entrega verdad y reparación.
El gobierno se congratuló de no haber “caído en provocaciones” al evitar una represión visible que empañara la ceremonia. Esa contención, sin embargo, contrasta con una indolencia estructural que resulta mucho más provocadora. No reprimir no equivale a escuchar ni a resolver. La ausencia de avances significativos en la localización de desaparecidos, en el desmantelamiento de las redes de impunidad que permiten que la corrupción prospere en todos los niveles, y en la garantía efectiva de derechos laborales, educativos y de seguridad, genera un coraje legítimo entre quienes cargan a diario con la ausencia de sus seres queridos. El régimen antepone su imagen y la preservación de su proyecto de poder al bienestar genuino de la población. Sacrifica el futuro de las nuevas generaciones, condenadas a la precariedad, la migración forzada o la inseguridad estructural, para mantener un relato de éxito que cada vez convence menos a quienes lo padecen en carne propia.
El Mundial de 2026 pudo haber sido la ocasión para proyectar un México que avanza hacia un futuro de instituciones respetuosas, donde la memoria de las víctimas no sea un estorbo para la celebración nacional y donde la justicia no sea retórica de campaña. En su lugar, el evento acentuó con crudeza aquello que puede ser descrito como el gobierno del “un paso adelante y dos hacia atrás”. México avanzó en la organización de un espectáculo internacional y en la algarabía momentánea del triunfo deportivo; retroce en la construcción de un Estado de derecho que proteja realmente a los más vulnerables, en la rendición de cuentas sobre la corrupción y en la capacidad de integrar las voces del dolor en una narrativa colectiva de esperanza y justicia.
La imagen que México mostró al mundo fue la de una fiesta cuidadosamente gestionada. La que millones de mexicanos siguen viviendo es la de un país donde la apariencia de normalidad convive ese negacionismo que el régimen insiste en instaurar. La de un México que vive como estado mental del bienestar mientras sigue matando a sus hijos.
