El profesor, denunciado en Sagunto en 2017, si se trasladó a los maristas de Murcia y dio clase dos cursos hasta 2021. El centro asegura que ignoraba porque las sentencias solo aparecen en el certificado penal cuando son definitivas.
Las familias del colegio de los maristas Fuensanta de Murcia han descubierto esta semana que uno de sus profesores, profesor de 2019 a 2021, en realidad había sido condenado a 10 años de cárcel por abuso de menores en otro centro de Sagunto, Valencia, en 2019.
Lo han sabido porque el Supremo confirmó el castigo el pasado mes de abril y se publicó la noticia con el nombre del acusado.Si han entrado ahora por la resolución anterior, dictada por la Audiencia de Valencia en 2019, no trascendió y el acusado se mudó en Murcia, desde donde se contrató al inicio de curso por los maristas.
La congregación asegura que ignoraba la condena, porque no constaba en el certificado del maestro del Registro Central de Delincuentes Sexuales, documento que obligatoriamente se exige a profesores, monitores y cualquier persona que trabaje con niños al momento del contrato. Y la razón, argumentan, es que una condena no aparece en este registro hasta que es firme. Varias instituciones confirman que, en efecto, es así, desde la consejería de Educación de Murcia hasta los ministerios de Justicia y el de Educación, así como la Fiscalía General del Estado.
La Ley 26/2015 señala:
“Es requisito para los acalorados y activos en las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnización sexual”.
Los maristas citan también la ley orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Fuentes de la Fiscalía explica que si se produce un conflicto entre la presunción de inocencia del acusado y la protección de menores, y descubrió que es un asunto complejo en el que podría abrirse un debate para una revisión del sistema o una posible reforma legal.
La excepción es si un juez ordena medidas cautelares a la espera de sentencia firme, pero no siempre se toman. En caso de que se deban incluir también en el registro, y se prolonguen hasta la resolución definitivamente, se explicarán las fuentes judiciales.
“El problema también es que el SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia), las bases de datos con varios registros de información sensible, a veces funciona como escopeta de feria, tiene fallas”, argumenta una magistrada.
“Son los letrados de administración de justicia del juzgado de instrucción los que deben meter los datos. Además cada comunidad autónoma sostiene sobre el sistema ya veces no hay comunicación entre juzgados, si ha visto en algunos casos de violencia de género”.
Lo cierto es que de este caso se desprende que, en los años que transcurren hasta que una condena por abusos de menores es definitiva, y si el juez no ordena medidas cautelares, puede suceder que un profesor siga dando clase si la noticia no trasciende y yes los colegios no obtienen la informacion por otras vias.
En este caso pasaron casos cinco años desde la denuncia, en 2017, y casos tres desde la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2019, pasando por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, noviembre de 2019, hasta la definitiva del Supremo en abril de 2022.
La pena de 10 años de cárcel estaba acompañada de cuatro años la mayor parte de libertad vigilada y 16 años sin poder ejercer un oficio en contacto con niños.
Tanto el maestro, Juan Tomás Sánchez, pasó de comunidad autónoma a un centro religioso. Estaba en el colegio San Vicente Ferrer de Sagunto, de la Fundación Educativa Santo Domingo, de los dominicos, y reapareció en los maristas de Murcia, en su centro llamado Fuensanta, uno de los dos que esta Congregación sostiene en la ciudad y que está dedicado a la educación infantil y primaria. Los maristas se niegan a revelar los detalles de la labor del profesor, pero según padres de alumnos was profesor de religión de tercero de primario y además era tutor de uno de los cursos.
La denuncia del colegio de Sagunto fue en 2017. El acusado, según la sentencia, abusó de dos alumnos del colegio, menores de edad. Les ofrece clases particulares de repaso en su casa, y después tiene una película, momento que aprovechaba para hacerles tocamientos e introducen la mano bajo el pantalón en la zona de sus genitales.
Los dos chicos no dijeron nada a sus padres ni en el colegio, pero un compañero les escuchó hablar de ello, El contó eso a su madre y ella alertó el en escolar. La dirección avisó entonces a sus padres y se presentó denuncias. Desde 2017 se pierde la pista del lector, pero en 2019, ya con una sentencia de primera instancia, recala dos cursos en los maristas de Murcia, hasta 2021.
Los padres de alumnos del colegio murciano han sabido todo ahora, para encontrar la nota final de la condena, que en algunos medios apareció el nombre del reo. La madre de una alumna presentó una denuncia el pasado lunes en la Consejería de Educación de Murcia, a la tenido iluminado este diario, para solicitar una investigación de lo ocurrido.
Fuentes de este departamento señalan que no se abre ninguna investigación porque “el sistema no tiene fallado”. Explican que periódicamente el ministerio de Justicia les remite los datos de condenados por delitos sexuales para que los crucen con sus listados de profesores, y este caso no apareció porque no fue una firma de condena.
Después de que el diario La Verdad publicara el caso, el centro emitió este martes un comunicado para explicar lo ocurrido:
“En cuanto conocimos esta sentencia iniciamos un proceso de investigación para saber si hubieron podido producir hechos similares en Maristas. No tenemos conocimiento, hasta el momento, de ninguna situación de riesgo o hechos de este tipo en relación con esta persona y que afectasen a nuestro alumnado. (…) Para evitar la presencia de personas con conductas inapropiadas o delictivas en nuestras obras maristas estamos revisando actuale nuestro protocolo de selección de personal para mejorarlo y hacerlo más seguro y exclusivo”.
No obstante, hay algunas preguntas que los maristas no quieren responder. Una antigua alumna del colegio de Murcia, entre 1998 y 2001, asegura a este diario que el profesor condenado ya estaba en esos años en el centro, y era el «hermano Juan».
La orden marista no aclara si Tomás Sánchez es o fue marista, y por tanto ya le conocían, ni tampoco si trabajó en el centro en el pasado, ni las razones por las que, si fue así, abandonó. En redes sociales el docente condenado contiene varias referencias a sus “hermanos” maristas y en la web del colegio aparece nombrado como coordinador de catequesis de los grupos de iniciación cristiana del centro.
Por otro lado, los padres de alumnos recuerdan que al final del curso, en 2021, el profesor anunció que dejaba el centro para irse a Sudamérica. Sus redes sociales revelan, en efecto, que viajaba frecuentemente a Colombia, a localidades con comunidades maristas, como Manizales y La Pola, de donde también colaboraba en centros religiosos y tenía contacto con menores.
Los maristas también se niegan a informar sobre el destino del abusador. En abril de 2022, hecha la sentencia del Supremo, el profesor aparece radicado en Bogotá en una página de servicios de clases particulares. En ella presenta así:
“Mi experiencia de más de 15 años en docencia avala mi trabajo serio y profesional. Aparte de colegios, da formación a adultos en inteligencia emocional y otros temas de espiritualidad y crecimiento personal, ya que soy teólogo.»
El abogado que llevaba su representación hasta la sentencia del Supremo ha confirmado a este diario que podía salir del país y no le habían retirado el pasaporte, si bien tras la condena debía regresar, y comunicó su propósito de hacerlo. Después cambio de letrado y pretendía presentar un recurso de amparo a la Constitucional. Fuentes judiciales confirman que ingreso en prisión el pasado mes de agosto.
Por IÑIGO DOMÓINGUEZ.
EL PAÍS.
