Por: José A. Barragán
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Popular, manifestó el pasado 9 de febrero de 2023, que la ley del aborto actual en España, es una “ley correcta y bien construida”.
Y 6 días después añadía: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley”. “Y no voy a cambiar de opinión”.
El Obispo Munilla contestó a estas declaraciones afirmando que “la traición del PP a la causa de la vida es total y absoluta. No se puede ir más lejos: han asumido todos los parámetros de la izquierda más radical”. Además, cuestionó que alguien “no ya católico”, sino “con recta conciencia y que reconozca la vida como algo inviolable”, pueda “apoyar a un partido que sostiene esos principios”.
Estas frases de Núñez Feijóo resumen la postura del actual partido popular frente a un tema tan importante como es el derecho fundamental a la vida, recogido en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, y que ha dejado de tener plena vigencia desde julio de 2010, cuando entró en vigor la actual ley de plazos del aborto, que permite acabar con la vida del ser humano concebido en sus primeros tres meses y medio de gestación, sin que exista causa alguna que lo justifique, sólo por la simple voluntad de la madre gestante, y sin que el padre de dicha criatura pueda hacer nada por impedirlo.
Son responsables de que esta ley esté en vigor:
En primer lugar el PSOE, cuyo Gobierno aprobó dicha ley en 2010, a sabiendas que no tenía cabida en nuestra Constitución, y de todos los grupos parlamentarios que la apoyaron.
En segundo lugar, el Partido Popular, quien se comprometió a cambiar esta ley cuando llegara al Gobierno. Pero tras llegar al mismo en 2011, Mariano Rajoy encargó a su Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que elaborase un nuevo proyecto de ley del aborto, el cual fue redactado y aprobado en Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013. Este proyecto eliminaba el sistema de plazos y volvía a una ley de supuestos en el que sólo era posible abortar en dos supuestos muy concretos, violación y grave peligro para la salud física o psíquica de la madre.
Es decir eliminaba el aborto como un derecho de la mujer, el cual no existe, y volvía a tipificar el aborto como un delito despenalizado en dos supuestos concretos. Sin embargo 9 meses más tarde, en septiembre de 2014, en el mayor acto de traición y de cobardía política de la historia de la democracia española, el Presidente del Gobierno del Partido Popular,
Mariano Rajoy, anunciaba que se retiraba el proyecto de reforma de ley del aborto y que no se aprobaría. De esta forma, Rajoy:
- Traicionaba a su propio ministro de Justicia, que se vio obligado a dimitir y abandonaba la política.
- Traicionaba la confianza que había depositado en él, su propio electorado, que había votado al Partido Popular con la confianza que derogase la ley de aborto libre de Zapatero.
- Traicionaba su propio programa electoral que incluía esta reforma legislativa.
- Traicionaba a su propia conciencia.
Y lo más importante, traicionaba los principios y valores que el Partido Popular había defendido hasta la fecha, como eran el derecho fundamental a la vida, el principio de la protección de los más débiles, el valor de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales que nuestra Constitución consagra.
Y todo ello, por un macabro cálculo electoral. Al Partido Popular no le importó quedar con sus manos manchadas de sangre inocente para siempre, por un simple puñado de votos. Desde la entrada en vigor de esta ley, más de un millón trescientos mil españoles han sido eliminados en los abortorios de nuestro país. Sangre inocente que se ha derramado gracias a la aprobación de esa macabra ley por parte del PSOE en 2010 y del Partido Popular, que ha terminado haciendo suyas las mismas tesis del PSOE en este asunto.
Y el tercer responsable de que esta ley del aborto libre esté en vigor en España son los Jueces y Magistrados que a lo largo de los últimos 13 años han pasado por el Tribunal Constitucional, sin que hayan querido volver a copiar y pegar lo que ya dijo el Tribunal Constitucional sobre el aborto en el año 1985, es decir, que sólo cabe el aborto en nuestro país en supuestos muy concretos, porque la vida del nasciturus está protegida por el artículo 15 de nuestra Constitución y ello conlleva para el Estado la obligación de protegerlo incluso con las normas penales.
Ha sido después de 13 años, en mayo de 2023, cuando los miembros del TC, nombrados por los partidos abortistas, han decido dar validez constitucional a una norma que no la tiene ni nunca la tendrá para los que conocemos el Derecho. Estos magistrados han prostituido la Constitución, la Justicia y el Derecho para servir de forma sumisa y obediente los dictados ideológicos de los políticos que los nombraron y al mismo tiempo han traicionado y olvidado la misma Jurisprudencia sentada desde el año 1985 por el propio Tribunal Constitucional sobre este tema.
El documento de 24 de noviembre de 2002 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación de Juan Pablo II, titulado “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política” señala:
«…la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral» (20).
Para poder entender la gravedad y la dimensión ética que tiene el aborto en el plano social debemos tener en cuenta que la Iglesia señala en su Catecismo lo siguiente:«El aborto directo (procurado), es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral». El aborto es un crimen, «un daño irreparable causado al inocente a
quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad». «El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación».
El 18 de Febrero de 2016, el Papa Francisco, en el vuelo de regreso a Roma de su viaje a México señalaba: «El aborto no es un “mal menor”. Es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto».
En el documento de 2019, “España: Orientaciones de la Conferencia Episcopal ante las elecciones generales”, los Obispos españoles afirmaban: La dignidad sagrada de la vida humana desde su inicio a su fin natural. Esta promoción y defensa radical de la vida ha de ser un dique ante los abusos del «paradigma eficientista de la tecnocracia» (Laudato si’, 189) que afecta a la vida en todo su desarrollo. Hoy, se quiere dar por firme la dramática aceptación social del derecho al aborto y se promueve la eutanasia bajo el atractivo disfraz de muerte digna. La vida ha de ser protegida activamente y, en todo caso, promover el derecho-deber de la objeción de conciencia a los actos que quieran destruirla.
En 1974 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a través del documento “Declaración sobre el aborto procurado” afirma:
«En todo caso debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma; tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación» (18).
San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae volverá a incidir en este criterio de acción moral:
«En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, “ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto“».
El documento de 24 de noviembre de 2002 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación de Juan Pablo II, titulado “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política” señala:
«…la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral» (20).
Tras la publicación de la nueva sentencia del T.C. en la Nota de la Comisión ejecutiva de la CCE titulada: “el derecho a la vida ¿es constitucional?” del pasado 9 de mayo de 2023, los obispos españoles expresaban lo siguiente: (…) Ya alertamos del peligro que supondría votar a favor de una nueva ponencia que presentara el aborto como un derecho, avalando de este modo una ley ideológica, acientífica y que promueve la desigualdad. Lamentablemente se acaba de aprobar dicha ponencia que declara constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. “¿Cómo es posible hablar todavía de dignidad de toda persona humana, cuando se permite matar a la más débil e inocente? ¿En nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, declarando a algunas dignas de ser defendidas, mientras a otras se niega esta dignidad?”
Hacemos nuestras las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado recientemente sobre el tema: “Este es el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que (…) anteponen a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad, por ejemplo, presentado como conquista un insensato derecho al aborto”. Una vez más constatamos que “el derecho a decidir y el deseo-sentimiento adquieren categoría jurídica al servicio de la construcción de un nuevo modelo social, para lo que es preciso «deconstruir» lo esencial del sistema vigente”.
Ante la aprobación de esta ponencia:
- Defendemos la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su edad, raza, estado de salud.
- Solo se podría afirmar el derecho al aborto en el caso de que el embrión o el feto no fueran nada; pero, el no nacido no es una cosa, es un ser humano. Por eso, calificar como derecho la eliminación de manera voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente malo. Con esta ley, el ser humano en los primeros momentos de su existencia es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno.
- Queremos reiterar nuestro apoyo incondicional a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado, ofreciéndoles la ayuda eficaz de la Iglesia, a través de tantos programas y asociaciones, recordándoles que la muerte del hijo que llevan en su seno nunca es la solución a sus problemas.
- Reiteramos que con esta ley los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados.
- Recordamos que, con resoluciones como la que se acaba de aprobar, “el «derecho» deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental”
- Invitamos a los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y de ciencia, ya que “leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia”.
- Animamos a todos los miembros del pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad a rechazar cualquier atentado contra la vida, y a seguir trabajando con valentía y creatividad por instaurar la tan necesaria cultura de la vida. Sería muy grave quedarnos de brazos cruzados pensando que ya nada se puede hacer.
Que Santa María, Madre de la Vida, guíe nuestros pasos y nos llene de vigor para promover la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural.
