Tras la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña a raíz de un escándalo bancario, la Iglesia Católica en el país exige mayores consecuencias.
Según el diario «ABC», la Arquidiócesis de Asunción declaró que los responsables políticos no deberían poder escudarse en un cambio de personal en la cúpula del gobierno, como informó la agencia de noticias KNA el domingo. Una reorganización será inútil si se debe «simplemente a acuerdos secretos o maniobras de la cúpula para mantener intacta la red de corrupción».
El escándalo gira en torno al colapso del banco en línea Ueno. Este proveedor de servicios financieros, de rápido crecimiento, contaba recientemente con una red de más de 70 sucursales y la semana pasada experimentó dificultades de pago. Los ahorros de hasta tres millones de clientes bancarios están en riesgo, según reportes de medios paraguayos. El
Congreso de Paraguay inició un proceso de destitución porque el presidente Santiago Peña descuidó sus deberes de supervisión y tuvo conflictos de interés. La Fiscalía lo investiga por corrupción. Peña se encuentra actualmente en prisión preventiva.
Santiago Peña forma parte del grupo de Presidentes latinoamericanos que se plegaron al Proyecto Sionista Cristiano de Netanyahu y Trump.
Ahora, coincidiendo con el desplome electoral de Trump en las elecciones de mitad de su mandato, inmediatamente cayó Peña de la silla presidencial paraguaya.
«Una herida social abierta»
. La Arquidiócesis de Asunción declaró que el nuevo liderazgo, incluido el exvicepresidente Pedro Alliana, quien juró como nuevo jefe de Estado, debe comprender que el país tiene una herida social abierta. Esta herida solo puede sanar si el país actúa con verdadera transparencia y empatía hacia los afectados. La Fiscalía General de la Nación, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y el Banco Central deben «investigar a fondo la malversación bancaria».
El objetivo debe ser «justicia sin impunidad», continuó el comunicado. La reparación por el daño a los ahorros de la población y a los bienes del Estado debe ser una prioridad absoluta del sistema judicial. La investigación y el enjuiciamiento implacable son las únicas vías posibles para «restaurar cierta credibilidad» al Estado.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2026.
JAP/KNA/AGENCIAS.
