En el debate público, la Iglesia católica en México ha mantenido una postura firme y crítica frente a los proyectos de regulación estatal que amenazan la libertad de expresión y la pluralidad. A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y del semanario Desde la Fe, la institución fijó su rechazo a los marcos regulatorios sobre los derechos de las audiencias que pretendan facultar a entidades administrativas para dictar qué contenidos son «verdaderos», «falsos» o «descontextualizados». La premisa eclesial fue categórica: «una verdad impuesta deja de ser liberadora desde el momento en que se fuerza». La Iglesia denunció con razón que investir al poder civil con la potestad de juzgar la verdad convierte la defensa de las audiencias en una antesala directa de la censura y la asfixia administrativa.
Sin embargo, frente a esta enérgica defensa de la libertad, surge una contradicción ineludible en el terreno de los hechos: ¿se practica hacia adentro lo que se exige hacia afuera?
Mientras la jerarquía católica mexicana exige al Estado garantías de apertura democrática para que la ciudadanía exprese la verdad sin temor a represalias, dentro de los propios canales de comunicación institucionales, desde páginas parroquiales y cuentas diocesanas hasta las plataformas de la Arquidiócesis Primada de México y del propio episcopado, la respuesta recurrente ante señalamientos incómodos ha sido el borrado sistemático de comentarios y el bloqueo de perfiles que denuncian hechos reales.
Quienes acuden a estos espacios virtuales con respeto pero con firmeza a denunciar delitos comprobables cometidos por clérigos, se encuentran con el mismo muro de contención arbitrario que la Iglesia condena en el ámbito gubernamental.
El artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la manifestación de las ideas y el derecho a la información como pilares inviolables. Resulta paradójico que operadores y responsables de medios católicos ejerzan una censura de facto contra testimonios documentados sobre abusos e irregularidades. Esta práctica cobra gravedad cuando la eliminación de mensajes no busca “moderar ofensas”, sino ocultar la falta de mecanismos institucionales independientes y transparentes para procesar denuncias de abuso y la comisión de otro tipo de delitos.
A lo largo de los años, casos emblemáticos en diversas diócesis del país han evidenciado el traslado de sacerdotes infractores —como los señalamientos en torno a Juan Carlos Ávila Reza dentro de la Arquidiócesis Primada de México— encubiertos institucionalmente bajo eufemismos burocráticos como «nuevas encomiendas pastorales». Silenciar estas realidades en las redes institucionales no neutraliza el delito; únicamente castiga la expresión de la verdad incómoda.
La mirada del Evangelio: ¿Qué pensaría Dios ante este doble criterio?
Si elevamos este conflicto al terreno de la fe y nos preguntamos qué pensaría Dios al mirar esta contradicción, la respuesta no se obtiene en manuales de comunicación corporativa o institucionales, sino en el Evangelio mismo.
Jesucristo no fundó su ministerio sobre la diplomacia de las apariencias ni sobre la protección corporativa del clero. Al contrario, sus advertencias más severas estuvieron dirigidas a las élites religiosas de su tiempo, a quienes denunció por imponer pesadas cargas sobre los hombros de los demás mientras ellos ni con un dedo intentaban moverlas (Mateo 23, 4). ¿Qué pensaría Cristo al ver a su Iglesia exigir al César garantías para la verdad, mientras en sus propios atrios digitales se amordaza a las víctimas que claman justicia.
Jesús fue contundente: «Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse» (Lucas 8, 17). El intento de ocultar la falta, borrar el testimonio y encubrir al agresor apelando a la defensa del prestigio institucional reproduce exactamente la figura del «sepulcro blanqueado» (Mateo 23, 27): una estructura exteriormente intachable, pero vacía de justicia por dentro.
En la doctrina cristiana, la Verdad no es un concepto negociable ni una prerrogativa de poder: es una Persona («Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14, 6). Por lo tanto, silenciar a quien dice la verdad sobre un delito no es solo una falta constitucional o una incongruencia discursiva; desde una perspectiva de fe profunda, bloquear la verdad de los vulnerables para proteger a quien ha dañado al rebaño es darle la espalda al mismo Dios a quien se afirma servir y trabajar tomando su ejemplo.
Predicar con el ejemplo es la única vía para conservar la autoridad moral. Si la Iglesia desea que el Estado y la sociedad civil escuchen su voz en defensa de las libertades fundamentales, debe empezar por abrir sus propias puertas a la verdad, purificar sus procesos y recordar que solo la verdad sincera, asumida y reparadora hace verdaderamente libres (Juan 8, 32).
