En medio de la “pandemia” sanitaria y del derrumbe económico producto del confinamiento poblacional ad infinitum, el gobierno argentino decidió en el mes de julio una inversión en “ideología” de 258 millones de dólares, seguramente incrementando la impagable deuda externa. Mientras tanto ha postergado sin fecha las inversiones necesarias para atender las necesidades impostergables de la parte más pobre de la población
El 2 de julio el presidente argentino Alberto Fernández lanzó el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género”, para el período junio del 2020-junio del 2022, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se prevé para el mismo una inversión de 18 mil millones de pesos (aproximadamente 258 millones de dólares).
Que se trata de un proyecto ideológico está explicitado en el prólogo del Plan, al afirmar que se promueve en realidad “un cambio de paradigma”.
Se trata de enfocar los derechos humanos en el marco de la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas públicas. En el sentido más puramente liberal-progresista se afirma que “Desde esta perspectiva [de género], los derechos humanos no sólo actúan como un límite legal al ejercicio del poder estatal sino, y sobre todo, como plataforma para la acción y transformación social”. Un cambio de paradigma, a gusto y placer de la reingeniería social y política de matriz anglosajona y plutocrática, expresado inicialmente en publicaciones de John Davison Rockefeller III, George Soros, Alvin Toffler, Lester Thurow, etc.
Como es habitual en este tipo de proyectos, el Plan se basa en tres dimensiones de la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+: física (acceso a derechos sexuales y reproductivos), económica y toma de decisiones (presencia en los poderes del Estado).
Reivindica lo que consideran “conquistas de las mujeres”, desde los años ’70 hasta la actualidad. Según parece, para el presidente Fernández antes las mujeres argentinas no hicieron ningún aporte al progreso argentino, lo que lo muestra como experto en ignorancia de la historia nacional.
Lo original de este Plan respecto a proyectos anteriores, según el progresista presidente argentino, es que incorpora “la perspectiva de diversidad y las particularidades y necesidades específicas de la población LGBTI+”. Como es habitual en estas visiones miopes, hay una gran confusión conceptual: considera las acciones sexuales como géneros sexuales, una aberración digna de sabios sueltos e intelectuales ignorantes.
Respecto a la salud reproductiva en el plano de la autonomía física, se ocupa de asegurar el acceso al aborto, una práctica criminal hasta ahora condenada por las leyes argentinas y el Código Penal vigente. Además inventa una figura jurídica inexistente en las leyes -la Interrupción Legal del Embarazo, un invento abstracto de la supuesta Corte (No) Suprema de (In)Justicia, que se sometió al mandato imperialista de imponer de hecho que “matar al hijo es un derecho de la mujer” (John Davison Rockefeller III dixit), cuando no hay un solo Tratado Internacional que haya definido al aborto como derecho.
Se trató de una acordada ilegal e inconstitucional, que creó una ley sin tener potestad para ello (la Corte Suprema no crea leyes, facultad exclusiva del Poder Legislativo), y totalmente contraria a la Constitución Nacional, ya que legaliza la pena de muerte, en forma aberrante para los seres humanos más inocentes e indefensos de todos. Como ha sido costumbre hasta ahora, se manipula arbitrariamente una supuesta cantidad de abortos por año en el país, imposible de cuantificar y ponderar. Y que nada justifica, porque nunca una ley -que protege valores- puede basarse en datos estadísticos o en su simple ocurrencia fáctica.
Y como ha sido habitual en este tipo de proyectos “progresistas” y seudo feministas, el Plan presentado nada dice de ocuparse y atender a las mujeres que padecen todo tipo de privaciones económicas, sin acceso a servicios mínimos de salud, sanitarios, alimenticios, etc. Nada dice de las millones de mujeres que se esfuerzan por brindarle una vida digna a sus hijos, a pesar de la pobreza en la que se ven sumergidas y con problemas de salud evitables, si el Estado se ocupara mínimamente de ellas?
Para la mentalidad liberal-progresista del presidente Fernández, los únicos derechos humanos que existen en este Plan para las mujeres es el de matar a sus hijos antes de que nazcan y de vivir de la manera que quieran, en forma antinatural, en un mundo sin hombres.
Y en el colmo de su delirio, el primer magistrado cree que ésta es su contribución para “poner fin al patriarcado”, supuesto y esquizofrénico responsable de la brutal concentración de la riqueza en muy pocas manos y de la universalización de la miseria en la que viven los pueblos del mundo.
Ni una sola palabra -ni mucho menos inversiones- para las mujeres que en situaciones adversas trabajan dignamente y se esfuerzan cotidianamente para criar y educar a sus hijos, sostienen espiritualmente sus hogares y colaboran abnegadamente en sus barrios para sostener a los que menos tienen.
Es evidente que engendros intelectuales de este tipo sólo sirven para consolidar la miseria creciente que afecta a la mayoría de la población argentina, y permite que prosiga sin prisa, pero sin pausa, el saqueo depredador que llevan a cabo las políticas económicas implementadas durante las últimas décadas en Argentina.
