En el contexto del la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que celebra hoy la Iglesia católica, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana demandó al gobierno federal el reconocimiento oficial de la existencia del desplazamiento forzado interno en el país, así como la construcción de un marco de protección legal e institucional que sea capaz de garantizar los derechos humanos de esta población en cualquier estado de la República Mexicana, con el fin de otorgarles protección, atención, asistencia y ofrecerles “soluciones duraderas”.
De igual manera, llamó a la acción conjunta de los tres niveles de gobierno en la prevención de las causas que provocan el desplazamiento forzado interno para efecto de evitar que se sumen más víctimas y que se atiendan a las existentes.
En un pronunciamiento, la dimensión que encabeza el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, también pidió al Congreso de la Unión que analice y discuta la posible elaboración de una ley general sobre desplazamiento forzado en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de este fenómeno, los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate al mismo, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley.
Pidió al gobierno federal que “ponga su mirada en este fenómeno que, en México, cada día va en crecimiento a causa de la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado a través del asesinato, desaparición, reclutamiento forzado, extorsión, robo, despojo, amenazas, hostigamiento o la intimidación y el miedo; la pobreza extrema, el abandono en que viven muchas comunidades especialmente indígenas y, en muchas ocasiones, los desastres naturales”.
Feligreses de la Parroquia la Piedad Narvarte siguen las medidas sanitarias implementadas para prevenir la propagación del Covid-19, en la ciudad de México, el 27 de septiembre de 2020. Foto María Luisa Severiano
La Iglesia católica en México señaló que el desplazamiento interno forzado “es ante todo un drama humano que padecen millones de personas alrededor del mundo y que, lejos de disminuir por la acción directa de los gobiernos, aumenta dramáticamente año con año”. Refirió que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMPDH) reporta un total documentado de 338 mil 405 personas en esta situación, entre el 2006 y 2018.
En el país, “el gobierno no ha reconocido en su más alto nivel el fenómeno del desplazamiento interno forzado, y no cuenta con mecanismos institucionales y normativos para la atención y protección de este sector poblacional a pesar de su tendencia permanente a incrementar, que se extiende por todo el territorio mexicano”, expuso. Además, “ha sido renuente a conceptualizar, fundamentar y definir explícitamente en los marcos normativos y leyes existentes” esta problemática, lo que “impide su identificación, registro y, consecuentemente, la atención especializada y restitución de sus derechos”.
Lamentó que “la tendencia de las autoridades a minimizar el fenómeno bajo el argumento de que los movimientos de poblaciones internas responden a motivaciones económicas”.
Indicó que la Iglesia debe “asumir, junto a tantos agentes de pastoral, que ya desarrollan acciones significativas, una actitud de acogida hacia los hermanos y hermanas desplazados en nuestro país”.
Con información de La Jornada/Jessica Xantomila
