Esta semana, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión comenzará una prolongada discusión que llevará a la aprobación del proyecto de decreto de presupuesto de egresos de Federación para el ejercicio fiscal 2024 -PEF 2024- Un decreto polémico que ha sido controvertido especialmente en el momento de crisis que la nación enfrenta, no sólo por la antesala de un proceso electoral que se antoja ríspido, ambicioso y en donde la maquinaria oficial echará “todo el presupuesto al asador”, también por el gasto excesivo, el endeudamiento y disponer de recursos ante la urgencia para afrontar necesidades derivadas de los recientes desastres naturales o la construcción de promesas urgentes que sólo se han cumplido en el imaginario del gobierno que se hace llamar de la transformación, fruto del delirio del presidente de la República.
El monto del PEF 2024 asciende a un total de 9,066,045,800,000 de pesos. El dictamen aprobado por los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en una reunión ordinaria de fin de semana, sólo sirvió como medio de catarsis para la oposición. Tiene modificaciones importantes. De acuerdo con la exposición de motivos de proyecto de decreto, se pretende que en el 2024, las familias mexicanas “mantenga el incremento en el poder adquisitivo del salario mínimo, en términos reales, así como el mayor despliegue de recursos a través de los programas sociales, hechos que permitirán que el consumo privado contribuya al crecimiento económico”, ese es el ideal demagógico y populista que, en realidad, tiene otras ambiciones.
Lo anterior no es menor, la apuesta del gobierno es la movilización de más de 4,384,582.4 mdp, llegando a una inversión equivalente al 12.8% del PIB. Esto implica un aumento anual de 7.1% en términos reales, respecto a lo aprobado en 2023, mismo que ha sido en puesto en tela de juicio ya que, en año electoral, el gobierno de la República apuesta por la entrega directa de recursos que podrían condicionar el voto en favor de la candidata del oficialismo.
Pero lo anterior no sólo se resume en eso. Las críticas también se dirigen a las obras de infraestructura que ya cuestan mucho a los mexicanos. Plagado de irregularidades, falta de planeación y excesivo endeudamiento, el capricho de AMLO sobre el sureste mexicano con el Tren Maya exhibe escándalos que hacen que la “Estafa maestra” sea un juego de niños.
De acuerdo con información de especialistas sobre infraestructura, desde 2019 hasta fines de junio de 2023, el proyecto ha tenido un costo de 277.844 millones de pesos equivalentes a 16,700 millones de dólares. En 2023, el presupuesto incluyó la asignación de 143.073 millones de pesos. Al gastarse esos fondos, habrá costado 362.020 millones, es decir, 132% más que los 156.000 millones de pesos previstos en 2020. Para el cierre del 2024, estará en los 479,714.4 millones de pesos; de esos, 120,000 millones de pesos serán ejercidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
A pesar de lo anterior, las cifras alegres del gobierno apuntan hacia un descarado gasto con claras intenciones: el poder por el poder. Ya la Auditoría Superior de la Federación -ASF- apunta a irregularidades en la cuenta pública, las cuales sólo quedan en el escándalo mediático y unas cuantas aprehensiones de servidores públicos de mando medio, sin tener respuestas y reparación de daños.
Los obispos de México, en el Proyecto Global de Pastoral PGP 2031-2033, apuntan con objetividad sobre este mal que parece ser igual que en el pasado: “Nuestro país no aguanta más el robo, la opacidad, el despilfarro y el mal uso de sus recursos, porque esto significa pobreza para sus pueblos y miles de historias humanas sin las condiciones necesarias para vivir con dignidad”. (PGP 2031-2033, No. 60). Al final de la administración de AMLO, este PEF 2024 será sólo demostración del control que ahorcará a los organismos autónomos para usar el dinero público en un propósito: Retener la presidencia de la República, cueste lo que cueste.
