La líder provida salvadoreña Sara Larín ha denunciado que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos miente y manipula la información sobre un caso de infanticidio para favorecer la agenda abortista en El Salvador.
La actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Durante su mandato en Chile, Bachelet presentó proyectos de ley para legalizar el aborto y socavar los derechos de los padres.
Larín, fundadora de la Fundación VIDA SV de El Salvador, ha declarado que «es completamente insólito y despreciable que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) utilice la salida de prisión de Marina de los Ángeles Portillo en libertad condicional para presionar a El Salvador sobre el aborto«.
La OACDH, continuó la líder provida, afirma falsamente que el caso de Portillo «fue una complicación obstétrica, cuando en realidad la recién nacida fue encontrada estrangulada con calcetines, uno en la boca y el otro atado al cuello con un doble nudo.»
El 25 de junio, la OACDH se congratuló de «la libertad anticipada otorgada a Marina Portillo, quien fue procesada y sentenciada tras enfrentar una emergencia obstétrica y después de catorce años tiene la posibilidad de reunirse con su familia«.
Además, la oficina de Naciones Unidas pidió a El Salvador «que continúe la revisión de los casos en los que se ha detenido a mujeres por delitos relacionados con emergencias obstétricas y que armonice la legislación sobre el aborto de acuerdo con las normas de derechos humanos para evitar nuevos encarcelamientos«.
El aborto en El Salvador está prohibido y la constitución reconoce «a todo ser humano como persona humana desde el momento de la concepción«.
En El Salvador no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto. Las penas por este delito oscilan entre los dos y los ocho años de prisión y los jueces suelen imponer penas alternativas.
En los últimos años, organizaciones internacionales han manipulado casos de infanticidios a manos de sus madres para hacerlos pasar por supuestos abortos, en repetidos intentos de legalizar el aborto en El Salvador.
Un informe de VIDA SV, basado en documentos judiciales, revela que Marina de los Ángeles Portillo asesinó a su hija recién nacida en mayo de 2007.
La policía encontró a la bebé con un calcetín blanco en la boca y sobre las fosas nasales. Otro calcetín estaba atado alrededor de su cuello con un doble nudo.
El cuerpo de la niña había sido envuelto en una manta y colocado en una bolsa de plástico negra.
VIDA SV explica que «el médico forense determinó que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento«.
Portillo fue condenada a 35 años de prisión el 1 de noviembre de 2007, pero recientemente obtuvo la libertad condicional anticipada.
VIDA SV destaca en su página web que «la libertad condicional anticipada no significa que se haya demostrado la inocencia de Marina de los Ángeles Portillo o que haya sido absuelta de los cargos, sino que sigue siendo culpable del delito por el que fue condenada. Sin embargo, obtuvo el beneficio de la libertad condicional anticipada que pueden obtener todos los reclusos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley«.
Larín ha declarado que «en la Fundación VIDA SV tenemos el expediente completo de Marina Portillo disponible en nuestra página web y en la sentencia se señala que el examen forense determinó que la bebé tenía lesiones (signos de estrangulamiento) cuando ya estaba viva fuera del vientre materno.»
«También hemos publicado el fallo de la Corte Suprema de Justicia negando la solicitud de indulto hecha por el lobby pro-aborto en 2015 en el que el tribunal respondió a cada una de las razones presentadas por las feministas, señalando claramente que no hay relación entre este caso de estrangulamiento y una complicación obstétrica«, agregó.
Sin embargo, para Larín «lo verdaderamente intolerable es la complicidad de los funcionarios de Naciones Unidas para debilitar el estado de derecho en El Salvador, presionando al país para que crímenes increíblemente crueles contra bebés indefensos queden impunes.»
«La ONU está a un paso de pedir abiertamente la legalización del infanticidio de recién nacidos«, denunció.
Asimismo, el Centro para los Derechos Reproductivos con sede en Nueva York, ha estado falseando los hechos del llamado caso Manuela en un esfuerzo por conseguir la legalización del aborto en el país.
Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, ha explicado en abril que en ese caso la madre alegó un aborto espontáneo pero el bebé fue encontrado tirado en una letrina «asfixiado por inhalar heces y desangrado por la forma violenta en que le arrancaron el cordón umbilical«.
La madre fue condenada a 30 años de prisión en 2008, pero murió unos dos años después de cáncer.
«El caso de Manuela«, añade De Cardenal, «al igual que otros casos que se están denominando como abortos espontáneos o problemas obstétricos» en una campaña que el lobby abortista ha denominado ‘Las Diecisiete’ (17 mujeres supuestamente encarceladas por abortos espontáneos) «no tiene nada que ver con el aborto.»
«Las pruebas médicas y forenses» en los casos utilizados por los defensores del aborto en El Salvador, «muestran a bebés a término estrangulados, apuñalados, apedreados, arrojados a fosas sépticas, etc.«, subrayó el líder provida.
El caso Manuela, que Larín ha calificado de «lleno de mentiras«, se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la espera de una decisión.
CNA.
