Un informe demoledor pone de relieve una intensificación del control ideológico y de las medidas coercitivas contra los fieles, mientras que se acusa al Pacto secreto vigente desde 2018 de haber debilitado permanentemente a las comunidades clandestinas que permanecieron leales a Roma.
El acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y Pekín, destinado a regular el nombramiento de obispos y aliviar décadas de tensión, se enfrenta ahora a nuevas críticas.
En un informe reciente, Human Rights Watch, una organización no gubernamental con sede en Nueva York conocida por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo, afirma que este acuerdo ha contribuido a aumentar la presión sobre los católicos en China.
Según la organización, la política de «sinización» de las religiones impulsada por Xi Jinping desde 2016 ha transformado profundamente el panorama religioso.
Los lugares de culto
deben ahora reflejar
la ideología del Partido Comunista,
mientras que la práctica religiosa
está sujeta
a una vigilancia constante
y a restricciones cada vez mayores.
En este contexto, los aproximadamente 12 millones de católicos del país se enfrentan a un endurecimiento significativo de las condiciones para la vida religiosa.
- El control ya no se limita a la supervisión administrativa; ahora se extiende a la predicación, la formación del clero e incluso la vida cotidiana de los fieles.
- Uno de los puntos más controvertidos se refiere a los efectos concretos del acuerdo de 2018 sobre las comunidades clandestinas.
- Históricamente leales a Roma, estas comunidades se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China, un organismo controlado por el Estado.
- Sin embargo, según Human Rights Watch, el acuerdo ha servido de marco para intensificar la presión para integrarlas por la fuerza.
Desde su firma, se han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y arresto domiciliario. Obispos y sacerdotes que se negaron a someterse a las autoridades fueron arrestados o marginados, mientras que otros fueron obligados a unirse a la Iglesia oficial.
El mecanismo de nombramiento de obispos también sigue siendo objeto de críticas.
Si bien el Papa
teóricamente
conserva el derecho de veto,
este nunca se ha ejercido,
ni siquiera tras las violaciones del acuerdo
por parte de las autoridades chinas.
León XIV,
en el cargo desde mayo de 2025,
incluso ha aprobado
varias designaciones hechas por Pekín,
lo que aviva las dudas
sobre el verdadero alcance
de este «equilibrio» diplomático.
Sobre el terreno, las consecuencias son visibles.
- Iglesias destruidas o modificadas, símbolos religiosos retirados y comunidades dispersas.
- En algunas zonas, los fieles deben eludir la vigilancia organizando reuniones discretas, a veces bajo la apariencia de eventos privados.
- Los testimonios también hablan de un sentimiento de abandono entre los católicos clandestinos.
- Acostumbrados a la presión del régimen, algunos sienten ahora que ya no pueden contar plenamente con el apoyo de Roma, una percepción que debilita aún más a estas comunidades.
Al mismo tiempo, las autoridades han intensificado su control sobre las iglesias oficiales:
- Los sacerdotes están sujetos a formación ideológica periódica, sus homilías deben ser aprobadas y toda actividad religiosa está estrictamente regulada.
- El acceso de los niños a las iglesias suele estar restringido, y la instrucción religiosa, incluso en el seno familiar, está sujeta a crecientes limitaciones.
- Las nuevas normativas también exigen que el clero entregue sus documentos de viaje a las autoridades, condicionando así cualquier viaje a una autorización previa.
- Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por controlar los vínculos con países extranjeros, incluida la Santa Sede.
Todos estos elementos forman parte de una estrategia más amplia del gobierno chino, que reconoce únicamente cinco religiones oficialmente reconocidas y pretende alinearlas con los principios del socialismo y los intereses del Partido.
Ante esta situación, Human Rights Watch insta al Vaticano y a los gobiernos a intervenir para defender la libertad religiosa en China.
El informe subraya la persistente tensión entre el mantenimiento del diálogo diplomático con Pekín y la necesidad de brindar protección concreta a los creyentes que enfrentan una creciente represión. El 7 de abril de 2026, la organización presentó sus conclusiones a las autoridades chinas y a la Santa Sede. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta oficial.
Por MANON BORDIER.
VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026.
TCH.
