Culiacán, Sinaloa, 14 de junio de 2021. A tan solo una semana de haber concluido la jornada electoral 2021, el gobierno federal en una maniobra judicial arremete contra el poder legislativo de los Estados en temas de Vida y Familia; son los casos de Sinaloa, Baja California y Oaxaca.
En el caso de Sinaloa organizaciones sociales y ciudadanas pro familia se han convocado para hacerle frente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado quien violentando la división de poderes mediante una resolución judicial ha instruido al Poder Legislativo el cómo debe ser el sentido de la ley en el Código Familiar del Estado.
La Sentencia dictada por el Juez Pedro Jara Venegas, en los actos del juicio de amparo 665/2019, promovido por Claudia Zazueta Armenta, Lizette Alicia Ibarra López y Ramona Angulo Peña, contra el Congreso del Estado de Sinaloa, -donde se quejan que la Sexagésima Tercera Legislatura en la sesión del 18 de junio de este año se negó a reformar los artículos 40, párrafo primero, y 165, párrafo primero, del Código Familiar del Estado de Sinaloa,- le ordena ex profesamente al poder legislativo modifique los artículos 40 y 165 del Código Familiar de Sinaloa para hacer efectivos los «derechos de igualdad y no discriminación»; es decir la legalización del mal llamado «matrimonio igualitario». Entre otras, el resolutivo también amenaza a los legisladores con la separación del cargo y la consignación, en caso de incumplimiento con lo ordenado. Este amparo también causa efecto contra el Registro Civil del mismo Estado por su “negativa a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo”.
Ante la imposición reiterada por el gobierno de la 4ª transformación que ha destacado en querer destruir a la familia, las agrupaciones Vía Familia A.C., +Vida+Familia, Si es mi hijo yo lo educo A.C., Somos Familia Sinaloa, Iniciativa Ciudadana y ConParticipación, en una rueda de prensa, han convocado a los ciudadanos a manifestarse ante el Congreso del Estado de Sinaloa este martes 15 de junio a partir de las 10 de la mañana.
Ante los medios de comunicación presentes, demandaron al Poder Judicial que cese su «activismo judicial»; y al poder legislativo lo llamaron a no dejarse intimidar por los jueces defendiendo su autonomía. “En el último de los casos, que se convoque a una consulta ciudadana para que sean los ciudadanos quienes diriman tal controversia”. “Exigimos a nuestros legisladores que tomen en cuenta la opinión de los sinaloenses y, en todo caso, como ya lo ha dicho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el ahora candidato electo a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, que sea el pueblo el que decida mediante una consulta pública”, dijeron.
Vía Familia AC señaló que “Son precisamente las resoluciones de la Corte, las que han complicado este proceso que hace mucho se podría haber resuelto con una figura jurídica distinta sin afectar ni modificar el concepto de matrimonio, el cual no surge del derecho, sino de la misma naturaleza humana y su necesidad reproductiva para la conservación de la especie. Este es el motivo por el que se protege y legisla la unión de un hombre y una mujer, por el bien que representa su unión para la sociedad”.
La familia no es un invento humano, es una institución dada por la naturaleza, por lo que erróneamente considera los juzgadores que existen otros tipos de familia fuera de la natural, cuando lo que existe son diferentes situaciones en que puede estar una familia natural, abundaron.
Dado lo anterior su obligación es defender la Única y real Familia, en sus diferentes situaciones. no inventar otro concepto de matrimonio y/o familia, señalaron.
Por su parte, Nic Te Aguilera por +Vida+Familia señaló ante la Agencia Católica de Noticias ACN, que:
De aprobarse esta modificación al Código Familiar sentaría el precedente de que el Poder Judicial legisle bajo el pretexto de defender la Contitución. Esto coloca en alto riesgo a otras entidades que se encuentran bajo fuego del Estado con la imposición de la ideología de género que busca destruir a la Familia, institución y célula de la sociedad.
“Sí hoy el legislativo permite que el ejecutivo o el judicial les ordene el cómo legislar, habrán perdido su sentido de representación popular”, concluyó.
