Las declaraciones del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, acerca de las serias irregularidades que se dieron en la elección presidencial, causaron gran revuelo por el juicio que, para algunos, fragmentó la línea de división de los negocios civiles y el poder espiritual. Como ministro de culto, el obispo estaría en el campo minado de la censura que impone un régimen constitucional que restringe las opiniones políticas de quienes administran los poderes espirituales con las consecuentes penas que reúne la anacrónica Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, desde un simple apercibimiento hasta la cancelación del registro como Asociación Religiosa.
Desde su promulgación en 1992, los obispos o sacerdotes de la Iglesia católica no han tenido una sanción grave debido a sus opiniones acerca de los poderes de este mundo. Sin embargo, han tenido consecuencias. Algunos ejemplos de pasados procesos electorales o controversias sociales son ilustrativos.
En 2011, el director de comunicación social del arzobispado de México, Hugo Valdemar Romero, fue encontrado responsable por instigar a los fieles a no dar ningún voto al hoy desaparecido Partido de la Revolución Democrática por el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó a la autoridad competente, la Secretaría de Gobernación, la aplicación de la sanción quedando en la mínima, es decir, un cauto apercibimiento.
En 2021, la elección intermedia que renovó la Cámara de Diputados y autoridades locales estuvo en el ojo del huracán cuando, a través de las redes sociales, el polémico arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, llamó a una ponderación del voto ante el riesgo de la implantación del comunismo en México. Tales opiniones, a juicio de las autoridades electorales, habrían influenciado negativamente en el ánimo de los electores para orientar su voluntad en contra de determinado candidato o partido político -MORENA-
Lo anterior provocó que la elección de san Pedro Tlaquepaque fue anulada y se celebró una extraordinaria en noviembre de 2021 teniendo el mismo resultado, el triunfo de la candidata del partido Movimiento Ciudadano.
En el proceso electoral 2023-2024, la candidata de la coalición opositora, en la reunión que sostuvo con los obispos de México, señaló a medios que 60 sacerdotes estarían bajo investigación por motivos políticos sin precisar nombres o autoridades. En respuesta, el presidente López Obrador acusó de que son “sólo algunos sacerdotes” que forman parte de la estructura eclesiástica, no así “la Iglesia porque es el pueblo”, aclarando que no habría sanción alguna por las declaraciones políticas de clérigos en contra de los candidatos del oficialismo.
Sin lugar a duda, prelados y clérigos tuvieron opiniones que han sido consideradas como excepcionales puesto que, como en ningún otro proceso electoral, su activismo para fomentar un voto responsable, ponderado y por el bien de México fue inédito; sin embargo, los mismos obispos no ocultaron su impacto por un triunfo que nadie pensaba sucedería, menos con una aplanadora avasallante que parece subyugar al Congreso de la Unión a los dictados de la próxima titular del Poder Ejecutivo.
En un reciente mensaje al darse el primer mes de la elección del 2 de junio, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje en el que llamó a superar los sentimientos de frustración y caminar en unidad para salir adelante. “Que no prevalezca el sentimiento de vencedores o vencidos, sino el de ciudadanos de la misma patria que debemos construir con el talento de todos, sin exclusión. México debe ser tierra de libertad y oportunidades para todos, en un ambiente de justicia y paz que todos anhelamos”, afirmaron los obispos en el documento.
Y es verdad que la Iglesia y las demás religiones tendrán más y más preponderancia, especialmente en los lugares más vulnerables que, al corto plazo, no tendrán un cambio radical ante las circunstancias de violencia; pero lo temores también son fundados. Los obispos han recomendado no compartir ningún tipo de información personal a la Secretaría de Gobernación al haber invitado a un curso sobre símbolos patrios. Y no les falta razón. Este gobierno no se distingue por proteger datos personales y, por el contrario, los usa como arma para perseguir a sus enemigos. En el ámbito público, ee del patíbulo de las redes sociales, la condena al obispo de Apatzingán ha sido virulenta y feroz. Y mientras las piezas del poder se mueven para conformar la estructura del próximo gobierno, se habrá de conocer cuánto será su tolerancia. Al menos, la nueva secretaria de Gobernación se ha distinguido por una relación de colaboración con la Iglesia… ojalá así sea.
