Mientras se anuncia un viaje del Papa León XIV a España, aunque aún no se han fijado oficialmente las fechas, la Iglesia española se ha posicionado a favor de una regularización extraordinaria de migrantes, reavivando las divisiones y alimentando un malestar palpable entre los fieles.
A la espera de las fechas oficiales de la visita del Santo Padre a la Península Ibérica, una nueva postura ha intensificado aún más las tensiones en la Iglesia local. Hoy, martes 27 de enero de 2026 , varias instituciones eclesiásticas españolas respaldaron públicamente un plan para la regularización extraordinaria de migrantes indocumentados, presentado como un «acto de justicia social « .
Esta declaración cuenta con el notable apoyo de la Conferencia Episcopal Española, junto con Cáritas, la Confer (Conferencia Episcopal Española) y la red Redes, como parte de una iniciativa popular que ha reunido más de 600.000 firmas.
Las instituciones firmantes aclaran que esta regularización excepcional, aún en fase legislativa, difiere de la normativa migratoria que entró en vigor en mayo de 2025, que regula las vías ordinarias de regularización administrativa.
Según ellas, esta normativa, si bien se reconoce como un avance, dejaría atrás a muchas personas migrantes vulnerables:
- personas que no pueden acreditar un período mínimo de residencia,
- trabajadores sin contratos formales,
- solicitantes de protección internacional rechazados
- y familias con menores que viven sin la documentación adecuada.
El noveno informe de Foessa indica que el 68% de las personas migrantes indocumentadas viven actualmente en situación de exclusión social.
Sin embargo, esta postura institucional no cuenta con el respaldo unánime de la Iglesia en España.
Muchos fieles, así como varios sacerdotes y autoridades eclesiásticas, expresan su malestar ante lo que consideran una participación muy directa en un proceso legislativo específico.
Si bien el imperativo evangélico de acoger y asistir a los más vulnerables no se discute, algunos se muestran preocupados por un pronunciamiento de la Iglesia que se percibe como insuficientemente matizado y demasiado alineado con una iniciativa política específica.
Varias voces señalan que la doctrina social de la Iglesia no puede reducirse a una respuesta puramente social o administrativa. Implica también la consideración del bien común, el respeto al orden jurídico y la responsabilidad específica de las autoridades civiles en la gestión de los flujos migratorios.
En este contexto, el llamamiento a la regularización extraordinaria es visto por algunos católicos como una medida generosa, pero incompleta, dada la verdadera complejidad de la situación en España.
Más allá del debate migratorio, esta declaración del 27 de enero se produce en un clima eclesial ya marcado por divisiones internas y decisiones episcopales controvertidas. Contribuye a reforzar un malestar generalizado en la Iglesia española, en un momento en que se espera la posible visita del Papa León XIV como una oportunidad para clarificar las cosas, tanto a nivel pastoral como institucional.
Por MARIE DELORME.
MADRID, ESPAÑA.
MARTES 27 DE ENERO DE 2027.
TCH.
