La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) lamentó la “dramática situación social, económica, moral y política” que vive el país y exigió a las autoridades poner fin a las represiones para que la población pueda ejercer su derecho a protestar pacíficamente.
Mediante un comunicado, la conferencia episcopal lamentó que las “ya conocidas angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela”, como la escasez de alimentos y la deficiencia de servicios públicos, se haya agravado por la pandemia de COVID-19.
“Son muchos los que se sienten angustiados e indefensos, sin posibilidades de enfrentar una crisis que los lleva a situaciones límites de inseguridad y precariedad personal y familiar”, agregó en el documento del 15 de octubre.
La CEV señaló que frente a la difícil situación y “cansados de no encontrar respuesta a sus justos reclamos”, los ciudadanos han ejercido de “modo casi espontáneo y con una organización local, su derecho constitucional a la protesta pacífica”.
“Sin embargo, reciben como respuesta de las autoridades la censura informativa, la represión de los organismos policiales y militares y la persecución política por la vía judicial”, lamentó.
Los obispos rechazaron estas actitudes que van en contra de los “principios democráticos consagrados por nuestra legislación y como un ataque directo a la soberanía popular que tiene derecho a expresarse”.
“El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales”, indicaron.
Según un estudio de la plataforma independiente de estudios estadísticos ENCOVI, Venezuela se encuentra en una situación económica similar a países africanos, situándose por debajo de Chad o la República Democrática del Congo.
“Se estima que 65% de los hogares se encuentran en situación de pobreza”, señaló la plataforma. “De cada 4 hogares en al menos 1 la Inseguridad Alimentaria es Severa”, agregó.
Los obispos indicaron que el “Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos”.
“A todas luces, parece que su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuánto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano”, lamentaron.
Además, señalaron que “tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz”.
El 1 de julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, convocó para el 6 de diciembre de 2020 un nuevo proceso electoral para elegir a la Asamblea Nacional para el período del 2021 a 2026.
Juan Guaidó y partidos opositores han negado su participación y han calificado como una farsa estas nuevas elecciones que buscan cambiar la formación del Poder Legislativo, la única institución donde la oposición es mayoritaria.
Sin embargo, el excandidato presidencial Henrique Capriles ha llamado a la oposición a participar de los comicios, creando una brecha en el grupo opositor.
“Todavía los dirigentes de oposición nos manejamos con prejuicios y no tenemos madurez política ni pragmatismo para enfrentar a la ‘dictadura’”, indicó el actual diputado opositor, Guillermo Luces, a France 24.
En su documento, el Episcopado reclamó una política que apunte al bien común, que tenga en cuenta la dignidad de todas las personas, especialmente los más vulnerables, y de prioridad a los ciudadanos y no a “los intereses personales o de grupos, sean estos de una u otra ideología política”.
El informe presentado ante la ONU por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela señaló que “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.
Asimismo, señalaron la grave situación que viven los venezolanos que deciden salir del país y los “maltrato de las autoridades militares y policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias y el dinero que llevan”.
“En vez de protegerlos, como lo juraron hacer ante Dios y la patria, los vejan y los consideran como ciudadanos de segunda categoría. Estas son realidades que claman al cielo”, resaltaron.
La Conferencia Episcopal Venezolana recordó que los derechos humanos “no pueden ser solo los de los políticos” y señalaron que en el país “la dignidad de las personas es ampliamente irrespetada”.
Finalmente, mencionaron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre e indicaron que esta, “lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla”.
“Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”, agregaron.
Los obispos señalaron que, a través de sus instituciones y parroquias, la Iglesia en Venezuela seguirá acompañando al pueblo “e intenta suplir sus necesidades prioritarias, desde sus limitadas posibilidades, competencias y permisos que le otorgan”.
“Ante estas dificultades, invitamos de nuevo a los fieles católicos y a todos los creyentes a elevar sus oraciones a Dios para que nos conceda lograr una solución pacífica a nuestros problemas”, concluyeron.
Comunicado completo AQUÍ.
Con información de Aciprensa/Redacción
