En México, más de 64,000 menores carecen de cuidados familiares, con al menos 25,000 languideciendo en instituciones a la espera de adopción… Estos duros y cuestionantes datos provienen del reporte bimestral del Observatorio Nacional de la Familia, dependiente del Centro de Estudios de Familia, Bioética, Sociedad de la Universidad Pontificia de México que acentúa un tema por demás lacerante, los «niños invisibles», como los denomina la Fundación Unnido en su libro homónimo, que son víctimas de un sistema que prioriza la burocracia sobre la urgencia humana.
Pero lo anterior pone otro panorama que se torna aún más sombrío cuando enfocamos en aquellos huérfanos por la violencia rampante: en 2025, el año más letal para las mujeres, se registraron 721 feminicidios, dejando a miles de niñas, niños y adolescentes en un limbo de desamparo. Esta crisis tiene aparejado el resultado de políticas públicas ineficaces, opacas y carentes de métricas reales, que el gobierno federal ha fallado en implementar violando flagrantemente la Convención sobre los Derechos del Niño.
La violencia sistémica en México, con 32,065 homicidios en 2024 —un promedio de 88 al día—, ha generado una ola de orfandad que el Estado ignora. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), desde 2015 más de 30,000 menores han quedado huérfanos por feminicidio, una cifra que crece sin control. Las niñas menores de 15 años son particularmente vulnerables: enfrentan un riesgo casi cinco veces mayor de victimización que sus pares masculinos, exacerbado por la violencia de género que desintegra familias enteras. El reporte del Observatorio destaca cómo esta orfandad impacta el desarrollo emocional, cognitivo y físico, perpetuando ciclos de pobreza y trauma. Sin embargo, ¿dónde están las políticas medibles para mitigar esto?
Organizaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), denuncian la urgencia de un registro nacional, congelado en el Congreso pese a iniciativas desde 2021. Sin este instrumento, los huérfanos permanecen invisibles, excluidos de programas de apoyo integral. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) coordina esfuerzos teóricos, pero carece de efectividad real: no hay métricas transparentes para evaluar impactos, ni presupuestos etiquetados para clínicas o acompañamiento psicosocial. En 2025, solo se atendieron a 270,245 menores en programas de bienestar, un 17% del objetivo de 1.5 millones, dejando a huérfanos en el olvido.
Esta inacción gubernamental agrava desigualdades. En estados como Baja California y Guerrero, focos de violencia organizada, familias migran internamente, desintegrando estructuras y exponiendo a menores a más riesgos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de diciembre 2025 sobre feminicidios, urge al Estado a priorizar la protección infantil, pero México responde con lentitud. Políticas como el Protocolo Nacional de Atención a Huérfanos por Feminicidio existen en papel, pero su implementación es dispersa y desactualizada, con discrepancias en datos —de 796 huérfanos en 2019 a 846 en 2021, según INMUJERES— que revelan una opacidad crónica. La falta de visibilización efectiva, como alerta la sociedad civil, convierte a estos menores en «desamparados en penumbra», sin acceso a salud mental o educación, perpetuando pobreza extrema en 3.7 millones de infantes.
Es imperativo que el gobierno abandone la retórica y adopte políticas transparentes: un registro nacional inmediato, métricas anuales de impacto y recursos dedicados a prevención. De lo contrario, condenamos a generaciones enteras a la invisibilidad. La infancia huérfana no es un problema marginal; es el espejo de un Estado fallido en su deber primordial: proteger a los más vulnerables, esos que han sido arrinconados para ser “niños invisibles”.
