El gobierno de Daniel Ortega pidió este miércoles la salida de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt, sin que se conozcan las razones de la medida, según fuentes diplomáticas y medios locales.
Dos fuentes diplomáticas confirmaron a la AFP que Muscheidt, quien asumió el cargo en Nicaragua hace un año, fue notificada «verbalmente» por la cancillería nicaragüense de que debe abandonar el país, aunque todavía no existe «ninguna notificación oficial».
Varios medios locales, entre ellos 100% Noticias, Confidencial y La Prensa, dieron cuenta de la información. Estos medios nicaragüenses operan desde el exilio en Costa Rica.
El pasado lunes, la UE instó a Nicaragua a «poner fin a la represión» contra opositores, sacerdotes y medios independientes y a restaurar «la democracia», durante la sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.
100% Noticias «confirmó que la cancillería de Nicaragua comunicó a la sede central de la Unión Europea que su embajadora es non grata en Managua», indicó el medio este miércoles.
Además, afirmó que el gobierno justificó la medida argumentando que existe «injerencia e irrespeto a la soberanía nacional» por parte de la Unión Europea hacia Nicaragua.
«La embajadora de la UE ante Nicaragua, Bettina Muscheidt, fue notificada verbalmente de su expulsión de Nicaragua por disposición del gobierno», confiaron por su lado a Confidencial fuentes vinculadas al Parlamento Europeo.
El diario La Prensa dijo que una fuente diplomática europea le indicó que la embajadora Muscheidt fue «declarada non grata».
El gobierno de Nicaragua no ha confirmado ni desmentido hasta ahora la información.
En marzo pasado, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag fue informado sorpresivamente de que debía abandonar el país.
Días después el Vaticano confirmó en un comunicado que el nuncio había sido expulsado de Nicaragua, calificando la decisión de «incomprensible».
La UE y Estados Unidos han impuesto en los últimos cuatro años sanciones migratorias y económicas a decenas de funcionarios, allegados y familiares del mandatario nicaragüense por violación a los derechos humanos y corrupción.
La UE ha pedido además al gobierno de Ortega la liberación de más de 200 opositores, entre ellos siete excandidatos a la presidencia que fueron capturados el año pasado antes de las elecciones de noviembre, en las que el mandatario se alzó con su tercera reelección sucesiva desde 2007.
Nicaragua vive una aguda crisis política desde las protestas opositoras de 2018, cuya represión dejó 355 muertos.
El gobierno vinculó las manifestaciones a un fallido golpe de estado.
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