Los triunfos de la selección mexicana en el Mundial 2026 han despertado una alegría popular tan auténtica como necesaria. En un país marcado por la violencia cotidiana, la inseguridad persistente y la polarización que erosiona el tejido social, un éxito deportivo colectivo ofrece algo más que entretenimiento: inyecta dosis de esperanza, genera un sentimiento de unidad transversal y permite a millones de mexicanos, por unas horas, creer que algo grande es posible. Esa celebración espontánea, cargada de banderas, cánticos y abrazos en las calles, responde a una necesidad humana profunda de catarsis y de pertenencia. Negarla sería tan insensato como pretender que el pueblo no tiene derecho a festejar cuando la selección avanza.
Sin embargo, lo que comenzó como expresión genuina de júbilo se transformó, en varias ciudades, en una sucesión de tropelías que mancharon el triunfo y dejaron luto. En la Ciudad de México, tras la victoria ante Ecuador que clasificó al Tri a los octavos de final, las concentraciones masivas en el Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Ángel de la Independencia terminaron en tragedia: al menos cuatro personas perdieron la vida, tres de ellas por asfixia en medio de la aglomeración descontrolada y otra por crisis convulsiva y paro cardiorrespiratorio. Decenas más resultaron heridas.
En Cabo San Lucas, Baja California Sur, un conductor atropelló a un grupo de aficionados que celebraba en la vía pública, dejando un saldo de heridos y un nuevo recordatorio de cómo la euforia sin control puede matar. A estos hechos se suman reportes de vandalismo, daños al mobiliario urbano, riñas y disturbios en distintos puntos del país.
La pregunta obligada no es si el pueblo tiene derecho a celebrar, sino por qué esa celebración legítima derivó en caos y muerte. La respuesta apunta directamente a la laxitud de las autoridades. En lugar de planificar con antelación cierres perimetrales, rutas de evacuación, puestos de atención médica y un despliegue proporcional de seguridad, se optó por una tolerancia que rayó en la irresponsabilidad.
Se permitió la venta abierta de bebidas alcohólicas en la vía pública, se consintió que el narcomenudeo operara con relativa impunidad en las inmediaciones de las multitudes y se dejó que el espacio público fuera rebasado sin que mediara autoridad capaz de imponer orden mínimo. El resultado fue previsible: la masa, sin contención, devoró el respeto al otro, convirtió aceras y avenidas en zonas de riesgo y demostró que, cuando falta quien ordene, la fiesta puede mutar en tragedia.
Es aquí donde resulta iluminadora la reflexión de Gustave Le Bon en su obra Psicología de las masas: “El hombre aislado se da cuenta de que por sí solo no puede incendiar un palacio, saquear unos almacenes; no surge así en él la tentación de hacerlo. Pero cuando forma parte de una masa, toma conciencia del poder que le confiere el número y cederá inmediatamente a la primera sugerencia de muerte y pillaje. El obstáculo inesperado será destrozado con frenesí”.
No se trata de prohibir la alegría ni de criminalizar al hincha. Se trata de reconocer que toda celebración popular, por legítima que sea, ocurre dentro de un marco de derechos y deberes. El espacio público no es territorio sin ley donde todo vale bajo el pretexto del “ánimo colectivo”. Cuando la autoridad abdica de su función de garantizar la seguridad y el respeto mutuo, no solo tolera el desorden: lo propicia. Y cuando ese desorden deja muertos y heridos, la explicación ya no puede limitarse a “fueron excesos aislados”. Revela una concepción débil del poder público que confunde cercanía con el pueblo con renuncia a protegerlo.
¿Y si sí?
