Patricia de Luna, quien dirige la campaña, señaló que estas jornadas de ayuno, oración y vigilia tienen como propósito promover la conciencia del valor de la vida, y la protección de los niños aún no nacidos.
Frente al Hospital General, donde ya se practican abortos, la Diócesis de Saltillo y activistas de pañuelo azul llevan a cabo la campaña “40 días por la vida”, asegurando haber salvado 78 vidas en solo 9 días.
Con un altar, cirios, cánticos sacros y feligreses arrodillados sobre el adoquín o pavimento, sacerdotes de la Diócesis de Saltillo y activistas provida llevarán a cabo horas santas, celebraciones litúrgicas y rosarios hasta el próximo 10 de abril.
Lo anterior para orar por el fin del aborto, la conversión de los trabajadores de la salud que se dedican a esta práctica y el cierre de establecimientos en que se lleva a cabo interrupciones del embarazo, tras la despenalización del aborto.
Patricia de Luna, quien dirige la campaña, señaló que estas jornadas de ayuno, oración y vigilia tienen como propósito promover la conciencia del valor de la vida, y la protección de los niños aún no nacidos.
Explicó que, durante la pacífica integración comunitaria se ha logrado reunir a más de un millón de voluntarios en 9 mil 207 campañas en 64 países, pero fue a través de su página oficial de Facebook en Saltillo que se publicó el total de las vidas rescatadas en la entidad.
A través de este movimiento se ha salvado del aborto a 20 mil 372 bebés, además de lograrse la conversión de 229 trabajadores de la industria del aborto, y el cierre de 114 centros en los que se llevaba a cabo la práctica del aborto.
Sin embargo, en Coahuila suman 78 vidas salvadas, incluidas las de madres e hijos, en el Hospital General en Saltillo y Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe.
El 8 de septiembre de 2021 la Suprema declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, con lo cual invalidó diversos artículos del Código Penal del estado de Coahuila.
La decisión invalidó el artículo 196, que plantea la imposición de la pena de prisión de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo, así como a las personas que le asistieran.
