La desaparición y el posterior hallazgo sin vida de los mineros secuestrados en Sinaloa no puede seguir explicándose como una cadena de errores o “confusiones” desafortunadas. Lo ocurrido desnuda, una vez más, la profunda crisis de seguridad que atraviesa el estado y, por extensión, el país. A pesar de los operativos anunciados, del despliegue constante de fuerzas armadas y de la millonaria inversión de recursos públicos, la violencia no se contiene: se normaliza, se expande y termina por devorar a los más vulnerables.
Los mineros asesinados no fueron un daño colateral ni víctimas del azar. Eran trabajadores identificables, con nombre, familia y oficio, que se convirtieron en blanco del crimen organizado en un territorio donde éste impone sus reglas. La versión oficial que habla de “confusión” resulta no solo insuficiente, sino ofensiva para las víctimas y sus familias. Confunde, en realidad, a una sociedad cansada de escuchar justificaciones mientras la muerte se vuelve estadística.
Esta tragedia dialoga dolorosamente con el llamado profético del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que en su número 175 advierte con claridad que la violencia que azota a México es un mal urgente que debe ser combatido de manera integral y decidida, colocando en el centro la dignidad de la persona humana. No se trata solo de un problema de seguridad, sino de una herida moral y social que desgarra comunidades enteras y destruye la esperanza, especialmente entre los jóvenes .
En Sinaloa, la militarización prolongada no ha traído paz duradera. La presencia de soldados y patrullas convive con el control territorial del crimen organizado, que secuestra, asesina y desaparece sin enfrentar consecuencias proporcionales. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la fuerza del Estado si no logra proteger a quienes trabajan, transitan y viven en estas regiones?
México acumula hoy más de cien mil personas desaparecidas, una cifra que no puede asumirse con indiferencia. Una proporción alarmante de ellas son jóvenes, arrancados de sus hogares y de su futuro. Como reconocen los obispos en el mismo proyecto pastoral, lamentamos “la desaparición y muerte de miles de jóvenes en los últimos tiempos”, un verdadero río de sangre nueva que corre por pueblos y ciudades, hipotecando el porvenir del país .
Esta realidad convierte a México en una macabra fosa clandestina a cielo abierto: un territorio que guarda los restos de miles que no son desconocidos, sino personas concretas, almas que claman justicia y verdad.
El Proyecto Global de Pastoral recuerda que un país herido por la violencia requiere no solo estrategias coercitivas, sino una conversión profunda de las instituciones y de la sociedad, capaz de restituir el valor sagrado de la vida humana y de escuchar el clamor de las víctimas. Mientras esto no ocurra, los discursos oficiales seguirán sonando huecos frente a las tumbas recién abiertas.
La muerte de los mineros en Sinaloa no es un episodio aislado: es un síntoma. Ignorarlo o maquillarlo es prolongar la impunidad. Reconocerlo con honestidad es el primer paso para que esas almas, y las de miles de desaparecidos, no queden sepultadas también en el olvido… Mineros, desaparecidos y fosas son los tristes hechos que confirman que la estrategia no funciona.
