En diciembre pasado, los focos se encendieron en el estado de Durango por una enfermedad que se contagia en los hospitales, la meningitis; en ese momento, la Secretaría de Salud del estado confirmó 71 casos y 23 fallecimientos. Pronto, se debería estudiar qué la provocaba sin tener certezas al respecto. La enfermedad brotó de repente en octubre y noviembre cuando algunas mujeres se sometieron a procedimientos quirúrgicos en cuatro hospitales privados de Durango con evidentes irregularidades de operación y clausurados por las autoridades.
Pero la cosa no paró ahí. Los casos se replicaron. A casi tres meses, las autoridades no saben con certeza qué punto fue clave en el aumento de muertes y la indignación de familiares quienes reclaman la responsabilidad y piden justicia por las víctimas de la negligencia que ahora se encubre. A la fecha, 35 mujeres fallecieron por el hongo que infecta las membranas cerebrales, no obstante que algunas de ellas fueron tratadas en hospitales públicos.
Las inconformidades hicieron que familiares de las víctimas tomaran las calles para exigir responsables de una enfermedad que no es causada por circunstancias naturales. Las cosas apuntan hacia orígenes más humanos encubiertos por negligencia. Cierto fármaco, bupivacaína, usado en operaciones como cesáreas sería el agente del mal y aunque la Cofepris no avaló la contaminación de medicamentos, la presencia de bacterias y hongos en esos irregulares hospitales fue confirmada.
¿Qué responsabilidades se han deslindado? Al principio, las autoridades sanitarias dieron evasivas al asunto sin saber responder qué pasaba. Después de más de 30 decesos, las primeras consignaciones no satisfacen la sed de justicia de los familiares. Tres sospechosos cayeron, uno de ellos, el exdirector de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango.
Pero el broto de meningitis más que humano, es criminal. Las causas son las mismas en un país donde todo puede hacerse sin que nadie pague: Mal manejo de medicamentos en los hospitales, ingreso de fármacos adulterados sin un debido control de calidad, irresponsabilidad profesional y técnica, ejercicio indebido del servicio público, práctica de la medicina sin títulos o permisos, clínicas y hospitales operativos sin control ni medidas adecuadas para la atención responsable de los pacientes, medicamentos manipulados sin condiciones adecuadas, usurpación de funciones y una larga cadena de responsabilidades que ahora requieren chivos expiatorios que impedirán escalar hasta esferas más altas en estas responsabilidades.
Lo de Durango es una muestra más de cómo los privilegios llegan… los daños impactan, los muertos claman y nadie es castigado. Caerán dos o tres funcionarios de mandos medios, pero no así quienes permitieron el ejercicio de encargos públicos que requerían de profesionales certificados y capacitados. Poco a poco, dicen los familiares que se concentraron en una manifestación pública, el tiempo comienza a erosionar el tema y las detenciones de un anestesiólogo y exservidores del control sanitario de Durango no son suficientes.
La demostración de apego, solidaridad, empatía, esperanza y fe de la Iglesia se dieron cuando el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, caminó por los pasillos del Hospital 450 ungiendo a las enfermas en noviembre pasado. Y envío oraciones en muestra también de que esto no es una cosa que debe olvidarse para que el poder de la corrupción solape la impunidad por una enfermedad que pudo evitarse.
