Secuestros, extorsión y asesinatos masivos son parte de lo que padecen desde hace décadas migrantes en territorio nacional, cobijados por la impunidad de sus verdugos que son el crimen organizado.
A 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Iglesia en México criticó la pasividad con la que actúan los tres poderes de gobierno, lo que da paso a que operen cada día con más violencia más encarnizada grupos ligados al narcotráfico contra dicho sector.
Así lo expresó en un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al narrar algunos detalles escalofriantes aquel 24 de agosto de 2010, en el rancho Huizachal, San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas, sitio en el que fueron brutalmente asesinados 72 migrantes, de nacionalidades como Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.
El escrito de dos cuartillas, subraya que sus verdugos pertenecían al crimen organizado y que las víctimas sólo buscaban una vida mejor.
Concentrados en una bodega abandonada, agrega el texto, ahí fueron asesinados con el tiro de gracia por haberse negado a trabajar para el crimen y transportar droga en sus mochilas con destino a Estados Unidos.
El testimonio de Freddy Lala, fue terrorífico e indignante; se trata de un migrante ecuatoriano sobreviviente a la masacre, quien logró caminar 20 kilómetros hasta un retén de la Marina para denunciar los hechos.
Este hecho y tantos otros de secuestro, extorsión y asesinatos continúan hasta nuestros días, consigna la CEM, y “pone al descubierto la fragilidad del Estado Mexicano frente a la proliferación de grupos delincuenciales que han permeado todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad de toda la población frente a los criminales, pero especialmente de las personas migrantes quienes fácilmente caen en manos de los grupos al margen de la ley”.
Por lo anterior, exigió del gobierno mexicano efectivas políticas migratorias más justas y accesibles que no obliguen a los migrantes a vivir en la clandestinidad y convertirse en presa fácil de estos grupos.
“Las políticas migratorias que buscan frenar y reprimir la migración solo favorecen a los grupos criminales que hacen de las personas migrantes un objeto de negocio que les genera altas sumas de dinero”,
reprochó.
Se adolece Iglesia católica por inacción del gobierno federal
“Como Iglesia, nos duele la situación por la que atraviesan muchos hermanos y hermanas migrantes y, nos solidarizamos con las familias de estos 72 y de todas las personas migrantes que han sido víctimas del crimen organizado en nuestro país y que hoy claman por justicia y verdad”.
“Que la Bienaventurada Virgen María, nuestra Madre de Guadalupe, que sufrió al ver martirizar a su propio hijo, traiga consuelo y esperanza a estas familias y acompañe a todos los migrantes en su camino”.
El documento de la CEM, lo firma Mons. José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez, Dimensión Episcopal de Pastoral De Movilidad Humana.