Fueron dos las tareas prácticas que los cardenales encomendaron a Jorge Mario Bergoglio cuando en 2013 lo eligieron Papa: la reforma de la Curia y reordenamiento de las finanzas vaticanas.
En el primer punto del programa, el texto es la Constitución Apostólica “Praedicate Evangelium“, publicada el 19 de agosto de 2022. Sobre el segundo punto, la publicación del balance del Vaticano para 2021, a principios de este mes de agosto.
Sobre la reforma de la Curia expresará sus valoraciones el consistorio convocado por el papa Francisco los días 29 y 30 de agosto. En cambio, sobre el reordenamiento de las cuentas del Vaticano en el calendario no está programada ninguna consulta. Pero así como no son pocas ni marginales las críticas que han aflorado hasta ahora sobre la reforma de la Curia, lo mismo ocurre con el reordenamiento de las cuentas.
La misma modalidad con la que se hicieron públicos los balances no satisfizo las expectativas. No hubo ninguna conferencia de prensa para la presentación, en la que se diera libre espacio a preguntas, objeciones y aclaraciones. La publicación de los documentos sólo fue acompañada por dos entrevistas institucionales, en los medios de comunicación del Vaticano, del prefecto de la Secretaría para la Economía – el jesuita Antonio Guerrero – y del presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) – el arzobispo Nunzio Galantino.
El retroceso comunicacional es notable en comparación con lo que ocurría hace tiempo con los informes anuales de la Autoridad de Información Financiera, AFI, cuando René Bruelhart era su presidente y Tommaso Di Ruzza su director, que se exponían incluso a agudas críticas periodísticas en la sala de prensa.
Hoy también la AFI -que entretanto ha cambiado su nombre por el de ASIF, Autoridad de Supervisión e Información Financiera-, así como el IOR (Instituto para las Obras de Religión), el “banco” del Vaticano, publican sus informes anuales sin someterse a las preguntas de los periodistas. Con una reserva que aparece en clamoroso contraste con el desbordante estilo comunicativo del papa Francisco y su incontenible torrente de entrevistas.
Quizá la novedad más importante del balance de la Santa Sede para 2021 es la amalgama de nada menos que 92 entidades, frente a las 60 del año pasado. Sin embargo, los activos y pasivos de cada una de estas entidades siguen siendo desconocidos, anegados en el balance general. Sería interesante conocer, por ejemplo, los costes reales de cada uno de los medios de comunicación vaticanos, cuyos gastos son muy superiores a los ingresos, especialmente en el caso de “L’Osservatore Romano”.
En algunos entes se han hecho esfuerzos para contener los costes, pero en otros ha ocurrido lo contrario. El tribunal de la Rota Romana, que en el pasado se autofinanciaba con el ingreso por los juicios, ahora es deficitario, desde que el papa Francisco dispuso que el acceso a las causas sea gratuito para todos, para “evitar que la justicia sea sólo para los que pueden pagarla”. Con el resultado -dijo el padre Guerrero en la entrevista que acompañó a la publicación de los estados financieros- de que, para equilibrar las cuentas, “la Santa Sede deprecia sus activos en un promedio de 20-25 millones de euros cada año”, de un patrimonio neto que suma actualmente 1.600 millones de euros.
Pero atención, el balance del 2021 de la Santa Sede no incluye a la APSA, cuyo balance fue publicado por separado y que posee la mayor parte de los bienes muebles e inmuebles de la Santa Sede, incluidos los gestionados hasta hace un año por la Secretaría de Estado y constituido, el segundo, por más de 4.000 viviendas en Italia y más de mil en el extranjero, con prestigiosas propiedades en Londres, París, Ginebra y Lausana.
Además, es inexplicable que desde el 2015 no se publica más el balance de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que gracias sobre todo a la recaudación de los museos ha contribuido sustancialmente a los ingresos de la Santa Sede.
Y en el horizonte se vislumbra el colapso del fondo de pensiones, respecto al cual, admitió el padre Guerrero, “estamos prometiendo más de lo que realmente podemos pagar”, sin haber puesto en marcha las medidas correctoras necesarias.
Esto es para entender que todavía queda mucho por hacer para poner orden, transparencia y sostenibilidad en las cuentas del Vaticano, tal y como denuncian los observadores más atentos.
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Pero lo que más daño está haciendo hoy a la imagen administrativa y financiera de la Santa Sede es algo que va más allá de los balances. Es ese asunto del Palacio de Londres, en el 60 de la Avenida Sloane, que está ocupando las salas de audiencia no sólo del Vaticano y que cada vez más involucra peligrosamente también a las más altas autoridades de la Iglesia, incluido el Papa.
Settimo Cielo ya ha documentado ampliamente cómo en el juicio en curso en el Vaticano el papa Francisco actúa tanto como director y como guionista y actor. Fue él -y lo ha dicho- quien quería el juicio y lo puso en marcha. Fue él quien pilotó su desarrollo a voluntad, con cuatro “rescripta” consecutivos que modificaron las reglas en el proceso. Fue él quien condenó por adelantado y sin pruebas al más famoso de los imputados, el desafortunado cardenal Giovanni Angelo Becciu, excluyéndolo incluso de un futuro cónclave. Fue él quien movió los hilos de las negociaciones con el financista Gianluigi Torzi para recomprar a un alto precio -un precio que la secretaría de Estado sigue juzgando como extorsión- el último paquete decisivo de acciones del palacio londinense:
> Juez y acusado. Los dos cuerpos del Papa, en el juicio del siglo
Pero ahora hay más. El proceso en curso en el Vaticano está a punto de tener un duplicado en Londres, cuyo primer atisbo fue el 26 de julio, en la sentencia del Tribunal Civil de Apelación de Inglaterra y Gales, que reconoció por unanimidad -en contraste con la sentencia de primera instancia- el pleno derecho de Raffaele Mincione, el financista británico que gestionó la primera fase de la compra del palacio londinense por parte de la Secretaría de Estado, a recurrir a un tribunal civil inglés para que se reconozca la corrección y la buena fe de su actuación, en contra de la acusación de la Secretaría de Estado de haberla obligado a pagar por el inmueble un importe que estaba muy por encima de los precios de mercado.
Y no sólo eso. Al dar la razón a Mincione, el Tribunal de Apelación inglés reconoció que la Secretaría de Estado es parte en el asunto y no puede seguir llamándose “neutral”, entre otras cosas porque en el proceso penal que se está llevando a cabo en el Vaticano se ha constituido como parte civil contra los acusados. Y la ha obligado a pagar las costas judiciales del recurso del financista, con un anticipo de 200.000 libras esterlinas como parte de una suma final prevista de alrededor de medio millón [de libras esterlinas].
Al descartar la “neutralidad” de la Secretaría de Estado, los jueces británicos citaron a su favor las denuncias del cardenal Pietro Parolin y del propio papa Francisco por el daño causado por la presunta prevaricación.
Y, por supuesto, no dejaron de poner en evidencia que Alberto Perlasca, el prelado al que la Secretaría de Estado había encomendado la operación, había firmado un contrato con Mincione que otorgaba al tribunal inglés la jurisdicción exclusiva sobre el contrato mismo.
El enlace al texto completo de la sentencia inglesa del 26 de julio se encuentra al final de este artículo:
> Sloane Avenue: Mincione adisce la corte inglese che ordina di aprire il procedimento
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En consecuencia, es difícil prever cómo acabará este asunto, puesto en marcha imprudentemente por el propio papa Francisco en nombre del orden y la limpieza.
Un intento de defender la reputación de la Iglesia de “ese escándalo hipócrita que existe respecto al Palacio de Londres” fue realizado por Nunzio Galantino, en la entrevista con la que acompañó el 6 de agosto la publicación del balance de la APSA.
Galantino recordó que la Santa Sede invirtió parte del dinero que recibió en 1929 del Estado italiano – como resarcimiento por los bienes incautados a la Iglesia en el siglo XIX- en la compra de valiosos inmuebles en Inglaterra, Francia y Suiza, precisamente con la intención de asegurar estos recursos y, con sus ingresos, sostener la misión de la Iglesia en el mundo y sus obras de caridad.
De esto, en el balance de la APSA del año anterior, se dieron estos dos buenos ejemplos:
“Es también gracias a los alquileres a precio de mercado cobrados en los prestigiosos inmuebles que se poseen en París y Londres que fue posible conceder en calidad de préstamo gratuito a la Limosnería Apostólica una estructura como el Palacio Migliori, a dos pasos de la columnata de San Pedro, para la acogida de los sin techo que hospedan los voluntarios de la Comunidad de San Egidio. Además, con la compra de un inmueble cerca del Arco del Triunfo en París, gracias a la mediación de Sopridex, el vendedor destinó parte del producto de esta operación a la construcción de una iglesia en un suburbio parisino”.
“Otra cosa”, continuó Galantino en la entrevista, en alusión al caso de Londres, “es si ha habido inversiones erróneas, por errores o comportamientos penalmente relevantes”.
El problema para el papa Francisco es que en este desgraciado asunto él también está hasta el cuello, habiendo conocido y aprobado cada paso.
Por SANDRO MAGISTER.
CIUDAD DEL VATICANO.
LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022.
SETTIMOCIELO.
