Este 10 de abril se juega un proceso inédito. Por primera vez, una consulta al electorado para ratificar o revocar el mandato del presidente de la República. En esencia, el objetivo es loable, pero no escapa a los serios cuestionamientos que parecen corromper el fondo para lo que fue creado.
Como compromiso de campaña, el presidente de la República mantuvo el ideal populista de someterse a la voluntad del electorado para ratificar su mandato. La Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021, tuvo vigor en medio de las controversias e irregularidades que, poco a poco, fueron erosionando el propósito de una buena herramienta para fortalecer la democracia participativa.
Convertida ahora en un ariete demagógico y de perversión partidista, sus defensores quieren apuntalar la popularidad de un gobierno que no sólo ha violado la ley en reiteradas ocasiones, pretende manipular las conciencias y la libre participación del ejercicio democrático. Con todo, y aunque no se alcance el número de votos para que sea vinculante, la amañada operación de los resultados tendrá efectos que irán desde la embestida al Instituto Nacional Electoral como el artificial refrendo que dará a López Obrador un desmedido sentido del poder que, para muchos, podría ser el embrión de una reelección disfrazada que superaría a la democracia perfecta del partido único.
Por otro lado, el electorado ha sufrido un desmedido ataque de manipulación tratándolo como verdadero menor de edad, incapaz de decidir. Confundidos, muchos no saben a ciencia cierta qué beneficios podría traer este ejercicio ni tampoco si habrá efectos que refuercen un sistema electoral ahora bajo franco ataque de desgaste y, desafortunadamente, de odio visceral que lo encamina hacia un destino incierto. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, a pesar de los recortes, ha sabido cumplir con la ley y lleva ahora este proceso que tiene el aval de ser organizado por los ciudadanos de a pie, vecinos y vecinas, que nada tienen que ver con las abyectas manipulaciones de partidos. Al final, ante este amago de desmantelamiento de transformación cuatroetera, el INE sabrá cumplir con este deber que lo ha puesto como ejemplo a nivel mundial en la organización de elecciones limpias y ajenas del fantasma del fraude, mismo que ahora invocan esos agoreros del lopezobradorismo.
La revocación de mandato tiene una virtud en sí misma. Es un llamado a participar como parte de un colectivo social. Asistir a las urnas será un refrendo de confianza a quien organiza este proceso a pesar de los ataques y el descrédito en el que lo han sumido. La historia electoral de México ha tenido muchos descalabros que no merecemos ahora volver a sufrir, a pesar de las pretendidas afirmaciones de tener en la presidencia a un demócrata que increpa, incluso, el mandato de la ley que él mismo juró guardar.
Los obispos de México han tomado una posición clara sobre la revocación de mandato. Reconocen la madurez de la democracia mexicana, del Instituto Nacional Electoral y de la importancia de este ejercicio de participación ciudadana por lo que han exhortado a “discernir en ambiente de oración, delante de Dios, para que cada uno decida si ha de participar o no, y en caso de hacerlo, en qué sentido deberá emitir su voto. Se trata de una decisión de gran responsabilidad. Busquemos todos lo que más le conviene a México”. No falta razón a los obispos. La revocación puede convertirse en una gran trampa o bien, con nuestra participación, abonar a una democracia que ya no quiere retroceder a la era más oscura del autoritarismo demagógico.
