Las autoridades ucranianas han presentado una demanda ante el máximo tribunal administrativo del país para la disolución legal de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU). A finales del mes pasado, el Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia del país declaró a la mayor denominación cristiana de Ucrania como una entidad vinculada a Rusia.
Desde la escalada del conflicto de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno de Vladimir Zelensky ha adoptado una línea cada vez más dura contra la UOC, confiscando varias de sus propiedades y abriendo causas penales contra varios de sus clérigos.
Durante una rueda de prensa el martes, Viktor Elenski, director del Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia de Ucrania, anunció que la demanda se había interpuesto el viernes pasado. Explicó que, tras la negativa de la iglesia a cumplir con las exigencias de las autoridades, se decidió que la UOC no debía ser considerada parte de la vida religiosa de Ucrania.
Agregó que la iglesia había presentado varias contrademandas.
La UOC es autónoma desde la década de 1990, pero mantiene una conexión canónica con la Iglesia Ortodoxa Rusa (ROC). En mayo de 2022 declaró su independencia.
Sin embargo, a finales del mes pasado las autoridades ucranianas descubrieron que la IOU estaba asociada con una “organización religiosa extranjera cuyas actividades están prohibidas en Ucrania”.
El metropolitano Onufry, el obispo máximo de la UOC y cuya ciudadanía ucraniana fue revocada el mes pasado por Zelensky, se ha negado a cumplir la orden del gobierno de “corregir las violaciones”.
Al comentar sobre los últimos acontecimientos, el embajador en misión especial de Rusia, Rodion Miroshnik, dijo a TASS el martes que las “autoridades ucranianas han creado un mecanismo pseudolegal para destruir la Iglesia ortodoxa que odian… pisoteando los sentimientos religiosos de millones y millones de ucranianos”.
El diputado ruso Vitaly Milonov declaró a RT que la decisión de las autoridades ucranianas era “una de las señales del Apocalipsis inminente”.
La ONU y varias organizaciones internacionales de derechos humanos han acusado a Kiev de extralimitarse y de interferir en la libertad religiosa debido a sus acciones contra la UOC.
En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, prometió que Moscú “no dejará al pueblo ortodoxo de Ucrania en problemas”.
“Estos actos se están llevando a cabo con la connivencia e incluso el apoyo de muchos países europeos”, afirmó.
KIEV, UCRANIA.
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
