La última locura española: la decapitación del Sagrado Corazón y desplome del catolicismo

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* Secularización en aumento

El miércoles 4 de junio, el grupo de trabajo sobre simbolismo del Consejo de Memoria Histórica del Ayuntamiento de San Sebastián, una importante ciudad del País Vasco español, solicitó a la Administración General del Estado la inclusión de la escultura del Sagrado Corazón del Monte Urgull en el catálogo de «símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática».

La estatua de Jesucristo, que señala su corazón, ardiente de amor por los hombres, podría ser demolida o escondida en un lugar no abierto al público a instancias de varias asociaciones de la izquierda separatista de Bildu y Elkarrekin Donostia, nombre local de la unión entre Podemos e Izquierda Unida, aliados políticos que permiten al presidente del Gobierno español y socialista Pedro Sánchez continuar su gobierno.

Tras la devastación del monumento, cementerio y monasterio del  Valle de los Caídos, con el apoyo del cardenal José Cobo de Madrid, buena parte de la Conferencia Episcopal Española y la Secretaría de Estado del Vaticano, otro símbolo significativo de la fe popular española corre grave riesgo de desaparecer.  

En una rueda de prensa celebrada hace unos días , los concejales de EH Bildu y Elkarrein Donostia también pidieron la suspensión de los actos para conmemorar el 75 aniversario del monumento, inaugurado el 19 de noviembre de 1950 y diseñado por Pedro Muguruza Ontaño, el primer arquitecto del “Valle de los Caídos”.

El proyecto para erigir una imagen del Sagrado Corazón en ese lugar, aunque se realizó en 1950, llevaba en marcha desde 1928.

Por lo tanto, aunque la aprobación para su construcción se dio el 31 de mayo de 1939, la idea es anterior al gobierno de Franco y, al no tener nada que ver con polémicas engañosas sobre el fascismo, su derribo muestra la verdadera cara del anticatolicismo generalizado que se estaba instaurando debido al gobierno socialista-comunista de Sánchez.

Solo en el País Vasco , según un estudio publicado por el Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco , se han retirado del espacio público desde 2019 1.523 placas y monumentos, y entre ellos se encuentran otros símbolos religiosos cristianos como la cruz de los caídos de la plaza de Caicedo (Lantarón), la cruz de Ergileta en Santo Domingo (Bilbao) o la cruz en homenaje a los caídos del Crucero Baleares (Ondarroa). 

Por supuesto, la respuesta de los católicos españoles no se hizo esperar y, en estos mismos días, el portal digital «Peticiones Católicas» inició una recogida de firmas que ya ha alcanzado a miles de personas para impedir el derribo de la estatua del Sagrado Corazón.

Los Amigos del Monumento al Sagrado Corazón critican la iniciativa de la izquierda local, temiendo un rápido apoyo de Madrid por basarse en argumentos falsos. Denuncian que la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin carece de «pruebas históricas», a la vez que defienden el carácter exclusivamente religioso del monumento al Sagrado Corazón.

El propio obispo Fernando Prado ha publicado una carta abierta  de gran importancia sobre este tema.

El texto afirma, entre otras cosas, que «la idea del monumento surgió alrededor de 1926, antes de la Guerra Civil, y se materializó gracias a una masiva recaudación de fondos públicos… sin relación con ninguna propaganda política o partidista».

La carta reitera el valor cultural y religioso del Sagrado Corazón de Urgull como patrimonio vivo que forma parte de la memoria de la ciudad.

Por ello, el obispo Prado hace un llamamiento directo a todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, de San Sebastián para que «reafirmen la presencia del Sagrado Corazón en nuestra ciudad y, al mismo tiempo, desde la fe, encomienden la ciudad de San Sebastián y a todos sus habitantes a su cuidado y protección».

Una auténtica y enérgica invitación a todos los ciudadanos para que «valoren este monumento como un verdadero símbolo vivo de esperanza».

Este último ataque, o intento de erradicar las imágenes y la cultura católica del territorio y de las comunidades españolas, es sólo la consecuencia visible de un camino emprendido durante veinte años, desde el primer gobierno de Zapatero en 2004. 

De hecho, solo el 55% de los españoles mayores de 18 años se identifica como católico, un porcentaje significativamente inferior al 90% registrado en la segunda mitad de la década de 1970, según datos muy recientes del informe publicado por la Fundación Funcas a principios de mes, en el que se analiza la secularización de la sociedad en España.

En 2002, el 60% de la población de entre 18 y 29 años se identificaba como católica, mientras que en 2024 solo lo hacía el 32%.

En cambio, entre los mayores de 70 años, la identificación como católicos descendió del 89% al 77% en el mismo periodo.

El espacio perdido por el catolicismo no es ocupado por otras creencias religiosas, sino que es mayoritariamente por quienes se declaran indiferentes, agnósticos o ateos, es decir, por quienes no tienen afiliación religiosa (del 22 % en 2002 al 42 % en 2024), tal como deseaba la ideología marxista-leninista.

La pérdida de atractivo  de la religión católica en la vida cotidiana también se evidencia en el desplome de los matrimonios católicos (en 2023, solo el 18 % de los matrimonios se celebraron según el rito católico, mientras que en 2000 aún representaban el 76 % del total) y en el descenso gradual de las matriculaciones en las escuelas para recibir clases de religión católica (en el curso 2022-2023, el 56 % del alumnado de primaria estaba matriculado, frente al 85 % en el primer curso académico del que se dispone de datos, 1998-1999). 

La lucha contra el catolicismo, contra las raíces civiles de España y contra sus símbolos religiosos tiene raíces lejanas, no es casualidad que hoy quienes empuñan picos y excavadoras sean los nietos de los asesinos y matacuras que hicieron la revolución anarquista, comunista y socialista, con el objetivo de abolir la Constitución republicana de 1931 e instaurar un régimen socialista.

Luca Volonte

Por LUCA VOLONTÉ.

SÁBADO 7 DE JUIO DE 2025.

ROMA, ITALIA.

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