El operativo efectuado por la Marina en Tepic la noche del 9 de febrero de 2017, en el que murieron 15 integrantes del crimen organizado, entre ellos Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, heredero del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, trajo varias consecuencias importantes.
La primera fue la airada reacción del entonces aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador quien, en la ciudad de los hechos, afirmó que “la mayoría de los masacrados eran jóvenes, incluso había menores de edad. (…) En el hecho existe una grave violación a los derechos humanos. (…) Cuando triunfe Morena será distinto. Habrá paz y tranquilidad social”. Lo primero fue desmentido de inmediato por el entonces secretario de Marina.
La segunda fue la decisión de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, de fincar responsabilidades contra el ex Secretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por supuestamente proteger y colaborar con ese grupo delictivo. El 15 de octubre de 2020, el General fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles cuando efectuaba un viaje de paseo con su familia.
La tercera fue la cadena de reacciones tras la detención del General. Nunca había ocurrido algo similar y el hecho era grave en todos los sentidos: se puso en juego la colaboración entre los gobiernos, entre las fuerzas armadas de ambos países, la confianza y la credibilidad no solamente de las instancias mexicanas, sino de las propias norteamericanas.
En México, la detención causó una conmoción entre prácticamente la totalidad del Ejército mexicano. El General Cienfuegos no solamente fue el Secretario de la Defensa, sino que cuenta con una muy amplia y brillante trayectoria militar, que lo acredita como un líder natural entre la milicia mexicana
Su detención fue vista con repulsa entre los soldados mexicanos quienes, por otra parte, conocen muy bien que no todos los agentes de la DEA están libres de culpa en su trabajo de combate al narcotráfico, lo mismo que el propio ejército norteamericano. El sonado caso Irán-Contras de 1985-86 es tan sólo el más escandaloso, pero ni con mucho el único.
En ese caso, los narcotraficantes de Colombia y de México financiaron a los Contras nicaragüenses, a cambio de lograr facilidades para introducir droga a Estados Unidos, y todo autorizado por el gobierno de Ronald Reagan. La detención y el procesamiento del ex Secretario de Defensa mexicano representó todo un agravio para los soldados mexicanos. Ante esto, el gobierno del presidente López Obrador se vio compelido a entablar una solicitud ante el gobierno de Donald Trump para liberar al militar mexicano.
A pesar de toda su retórica antimilitar y antimilitarista utilizada en su larguísima campaña de más de 12 años para alcanzar la presidencia, así como de su promesa de regresar a los militares a sus cuarteles, López Obrador ha descansado lo vertebral de su gobierno en las Fuerzas Armadas.
Les ha puesto a construir y les ha prometido administrar el aeropuerto Felipe Ángeles, una parte del Tren Maya, el control de puertos y aduanas marítimas, las sucursales de su programa Banco del Bienestar, así como otras 13 funciones adicionales a las de seguridad pública y las propias de defensa del suelo patrio.
Por todo ello (y por ser el Ejército Mexicano la salvaguarda de la soberanía nacional), no podía hacer oídos sordos a la indignación que causó la detención del General Cienfuegos.
Después de unas gestiones no muy claras ante el gobierno norteamericano, el 19 de noviembre, sorpresivamente el General fue liberado para que se le enjuiciara en México. Sólo permaneció en prisión poco más de un mes.
El 11 de enero, la Fiscalía mexicana anunció su determinación de no ejercer acción penal contra el General y el día 15 inexplicablemente el gobierno mexicano hizo público el expediente que el Departamento de Justicia norteamericano le envió para fundamentar legalmente el encausamiento de Cienfuegos.
Lo anterior constituye un delito en cualquier país, el hacer público un expediente judicial de un procesado. Pero tira por el suelo cualquier tipo de colaboración entre los gobiernos en la materia, lo cual se ve agravado por la postura de no reconocer el triunfo del candidato Joe Biden sino hasta el final, siendo el penúltimo gobierno del mundo en hacerlo.
Resulta muy contrastante la posición del gobierno mexicano de acceder en todo a los requerimientos del presidente Trump, incluidos los de constituir su famoso muro, si bien colocado en nuestra frontera sur, o de aceptar la permanencia en territorio nacional de aspirantes a visa norteamericana e ignorar las condiciones de indocumentados nacionales detenidos por la “migra” norteamericana, incluida la separación de familias.
Muchas de las evidencias que los norteamericanos acumularon en contra del General Cienfuegos son endebles y fácilmente rebatibles, pero declarar el no ejercicio de la acción penal siembra un mal precedente, porque los norteamericanos no olvidan. Simplemente hay que recordar el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero quien a pesar de haber pasado en prisión 28 años, sigue en la mira de las autoridades vecinas.
Se avecinan tiempos tormentosos en la relación con el país más importante para México, y justo al inicio de una nueva administración. Los agravios mexicanos no serán fácilmente resueltos y habrá que esperar represalias. Hubiera sido sencillo establecer un juicio a Cienfuegos y determinar la no solidez de las pruebas.
México no cuenta con un aliado a nivel internacional que contrarreste las iras norteamericanas. Además, las agencias gubernativas norteamericanas son autónomas e institucionales, por lo que no es relevante si el presidente es uno u otro, ellas siguen su labor sin importar quién sea el presidente.
Y a esas agencias se enfrentará un gobierno, el mexicano, que no calculó los efectos de sus acciones.
