Este primero de agosto de 2021 se llevará a cabo en nuestro país la primera Consulta Popular, la ley federal sobre este tema existe desde marzo de 2014. Las consultas populares buscan conocer la opinión de los ciudadanos sobre temas de interés común (nacional, estatal o municipal). Este tipo de procedimientos ayudan a conocer cuál es la voluntad de la gente sobre algún asunto.
En México, la Consulta Popular “es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.
La consulta que se hará este domingo, promovida por el Presidente de México y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y costará a la población 528 millones de pesos. Para que esta consulta sea vinculante se requerirá de una participación del 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, equivalente a 37 millones, 500 mil participantes.
Serán instaladas 59 mil mesas de consulta para saber la opinión sobre esta pregunta:
“¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES POLÍTICOS, ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS?»
Lo primero que observamos es que el contenido de esta pregunta no es de fácil comprensión pues es tan amplia y tan abierta que da lugar a muchas interpretaciones subjetivas, y por lo tanto a manipulaciones en lo que pudiera ser su aplicación. La consulta por otra parte pregunta una cosa muy obvia: ¿Debe o no aplicarse la ley si un actor político cometió un ilícito? La respuesta es obvia, por lo tanto ¿qué sentido tiene hacer este despilfarro?
Al respecto, el 1 de octubre de 2020, la misma Suprema Corte resolvió en forma unánime, que LA JUSTICIA NO SE CONSULTA. “Conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución, y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular, se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión pública”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Por otra parte resulta muy extraño que lo que dice la pregunta de la CONSULTA POPULAR, no coincide con la promoción que se ha hecho de la misma. Los carteles y lonas que se han distribuido y colgado por todas partes contaminando la imagen visual de calles, avenidas, muros y domicilios particulares, señalan que la consulta es para saber si la gente está de acuerdo en llevar a juicio a los expresidentes.
Parece que esa publicidad se diseñó conforme a la pregunta original que deseaba hacer el presidente Andrés López Obrador, que en efecto mencionaba los nombres de algunos actores políticos del pasado. Lo cierto es que la pregunta de la consulta actual se modificó con la anuencia de la Suprema Corte. Por lo tanto se promueve una cosa pero la pregunta dice otra, ya desde ese punto de vista nos encontramos frente a una farsa o a una tomada de pelo.
Existen asuntos verdaderamente importantes donde la gente sí le interesaría opinar. Pero ahí no vale lo que desearía la gente, porque simplemente se impone una posición “llueva, truene o relampaguee”. Pareciera que nos encontramos ante una postura caprichosa y obsesiva.
Si alguien cometió un ilícito y se le comprueba, debe enfrentar la ley. La justicia no se consulta, se aplica. Es una irresponsabilidad tirar tantos millones de pesos, engañando a la gente y explotando el rencor social.
