Por: Juan Carlos Monedero
Veredicto[1]: Seis años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos y un decomiso tasado en 84 mil millones de pesos argentinos. Así lo ha determinado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires N° 2, al condenar a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de fraude a la administración pública. Se trata de la primera vez, en toda la historia de la Argentina, en que un Vicepresidente del país es condenado por corrupción mientras ejerce como tal.
El desarrollo de cómo se dio la acusación de la Fiscalía y la respuesta de los abogados defensores de Cristina nos puede dar una idea acabada de este fenómeno que en la Argentina llamamos “kirchnerismo”. Adentrémonos en la psicología del mismo, que es quizás la mejor manera de conocerlo.
¿Cómo comienza todo? Todo empieza con programas de televisión donde se denuncian funcionarios y empresarios coludidos para estafar al Estado Argentino, y favorecer a la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en torno a la corrupción de la obra pública. Los hechos habían tenido lugar en una provincia del sur del país, llamada Santa Cruz. Cristina gobernó la nación durante años, entre 2007–2015, mientras su marido lo hizo entre los años 2003–2007. El empresario aliado a la entonces Presidente se llama Lázaro Báez.
Los abogados de la defensa, primero, dijeron que las acusaciones no eran más que programas periodísticos.
Luego arguyeron que las denuncias no eran más que quejas de opositores; los letrados se refugiaban en que –hasta ese momento– ninguna denuncia concreta sobre corrupción en las obras públicas se había materializado.
Pero luego aparece en escena la Dirección de Vialidad Provincial –una ramificación pública del estado provincial de Santa Cruz–, encargada de desarrollar la principal vía de comunicación en las provincias del sur del país. Los integrantes de Vialidad efectivamente denunciaron el sobreprecio de las rutas.
La Cámara había propuesto, para que la causa no demorara años, estudiar e investigar únicamente tres tramos de ruta. La Fiscalía accedió. A través de sus conclusiones, determinaron que estos tres tramos eran un buen ejemplo de la corrupción. Pero entonces, la defensa interpuso otro argumento: “sólo eran tres tramos”.
La fiscalía siguió trabajando y presentaron entonces 17 casos más.
Pero entonces les dijeron “no sirve”. ¿Por qué? Porque las obras en Santa Cruz habían sido 51.
La fiscalía retomó la investigación y demostró que en cada una de las 51 licitaciones de las obras había ocurrido lo mismo que lo demostrado en aquellas muestras preliminares. Más aún, en algunos casos, la corrupción era todavía mayor a la de esos tres casos.
Entonces, el argumento de los abogados volvió a cambiar: “más allá de cómo habían tenido lugar las licitaciones”, lo cierto era –decían– que las obras se habían realizado en tiempo y forma. Por tanto, sostenían, cualquier acusación suponía analizar primero los cientos y cientos de expedientes en donde figuraban los datos sobre cada una de estas obras públicas.
Se reunieron 244 cajas de documentación.
El Fiscal siguió trabajando y entonces demostró que existió manipulación no ya en 5, 10, 20 o 40 rutas. La demostró en cada una de las 51 rutas, además de acreditar que los tiempos y las formas nunca se cumplieron.
La defensa volvió a metamorfosearse y sostuvo que toda esta investigación no tenía valor. ¿Por qué? Porque no hubo pericia.
La fiscalía volvió a contraatacar: realizó la pericia, que arrojó resultados aún más desfavorables: los sobreprecios de las rutas eran mayores incluso a lo que la propia fiscalía había calculado.
A esta altura el lector quizás esté mentalmente cansado, pero le ruego que siga leyendo si quiere entender uno de los dramas argentinos.
¿Cómo continúa el asunto?
La defensa entonces interpone un típico argumento ad hominem de la era digital: el perito en cuestión, alguna vez allá lejos movió su perverso dedo índice y colocó un corazoncito en un tuit crítico de Cristina Fernández de Kirchner. ¡La pericia estaba sesgada! ¡Válgame Dios!
Entonces la fiscalía tragó saliva y –aunque seguramente indignada por este recurso– buscó otro perito, pero que no manejara Twitter. Y el resultado fue peor: los sobreprecios de las rutas eran todavía más escandalosos.
Entonces, la defensa de la actual Vicepresidente sacó otro conejo de la galera: ¡esta es una causa que tiene intenciones políticas! Fue la línea de defensa de Cristina en su última intervención[2].Aunque cualquiera podría darse cuenta que (con intenciones políticas o sin ellas) los sobreprecios estaban ahí, sobre la mesa, los letrados de la actual Vicepresidente echaron mano de otro recurso: todo estaba enfocado en Cristina porque la fiscalía no se había tomado la molestia de imputar también a los gobernadores de la provincia de Santa Cruz o a los demás funcionarios de Vialidad.
Entonces, el Fiscal recoge el guante, amplía la acusación e incluye a todos los gobernadores de la provincia de Santa Cruz en cuyo mandato se realizaron las obras. También se dirigieron los dardos hacia por lo menos 40 funcionarios de Vialidad.
El abogado defensor, seguramente ya agotado y puesto contra las cuerdas –quien quiera imaginarse a Rocky frente a Clubber Lang, en el primer combate de Rocky III, lo tiene permitido– respondió con un argumento puramente especulativo, digno de un melancólico racionalista: Si las cosas hubiesen sido como la fiscalía dice que fueron, ¡seguramente los funcionarios de la AFIP lo hubiesen denunciado!
Entonces el Fiscal –probablemente ya harto pero lejos de rendirse– encaró otra línea de investigación, distinta pero concordante: demostró la existencia de funcionarios que realizaron denuncias, así como también acreditó que los mismos fueron amenazados por hacerlas. Y otros fueron desplazados de su cargo.
Los abogados defensores entonces plantearon que todas estas irregularidades en las obras públicas “no constituían un delito”. ¿Cuál era el argumento?: Los pagos a Lázaro Báez fueron hechos conforme la normativa.
Entonces, la fiscalía se arremangó y volvió a investigar. Se descubrió que los funcionarios de Vialidad desarrollaron un canal de pago exclusivo para Lázaro Báez, quien así logró cobrar SIETE veces más rápido que el promedio del resto de los empresarios. Pero además, a fecha de diciembre de 2015 –último mes del mandato de la actual Vicepresidente y entonces Presidente de la Nación– el estado les debía dinero a muchas personas, excepto a una. ¿A quién? A Báez, quien fue señalado por la fiscalía como socio de Cristina. A Báez no se le adeudaba ni un sólo peso. Nada.
La defensa sale de nuevo a la cancha y entonces plantea: todo esto no prueba nada. ¿Cómo que no? No señores, no prueba nada porque los pagos eran trazables yno se pagaba en efectivo sino a través de los bancos. El argumento era: se podía seguir la ruta del dinero, mientras que los pagos en efectivo no se pueden rastrear. Además, se sostuvo, el dinero llegaba a Lázaro Báez “y no a Cristina Kirchner”.
Entonces la fiscalía vuelve a responder y explicita el circuito de corrupción mediante el cual Báez logró convertir la suma de 200 millones de dólares en dinero efectivo.
“Bueno, todo esto no cambia nada, porque, en definitiva, esto es lo que pasa con cualquier empresario de obra pública”.
¡Por Dios, miren qué argumento!
Pero la fiscalía respondió con más artillería: mostró que Lázaro Báez –mientras realizaba negocios que le beneficiaban en gran medida a él pero que perjudicaban gravemente al estado–, misteriosamente luego realizaba otros negocios con Cristina Kirchner. Pero con la particularidad de que esos negocios con la entonces Presidente eran muy perjudiciales para él, y muy rentables para ella.
Raro, ¿no?
“Esto último que ustedes dicen no está probado y además corresponde a otras causas: Hotesur y Los Sauces”. “En estas causas, Cristina no está procesada”.
La fiscalía entonces la procesa.
Así llegamos al veredicto del día de ayer, martes 7 de diciembre de 2022. Se están diciendo y se seguirán diciendo miles de cosas. Pero como botón de muestra de la acerada labor sofística del kirchnerismo, es suficiente. Este es uno de los dramas de la República Argentina: la racionalización de la corrupción, hasta el punto de que los abogados –y luego la militancia adicta– defienden lo indefendible.
[1] Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=Q1TOxzlQyrU
[2] Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=o46eUmfhhBQ
