Después del avasallador triunfo que dio al oficialismo el triunfo para detentar el poder, este 1 de octubre la transición del Poder Ejecutivo tiene la novedad de la asunción a la presidencia de la primera mujer en portar la banda tricolor, hecho inédito que se suma a la tendencia mundial de abrir a las mujeres los espacios de poder y representación política en un gobierno nacional.
Dejando de lado esta novedad, muchos han alzado una voz crítica para cuestionar hasta dónde la injerencia del líder del Movimiento de Regeneración Nacional puede influir en la presidenta de la República y si ella tendrá decisiones más mesuradas y tomadas desde la experiencia de gobierno que impliquen avances democráticos y no retrocesos.
Malas señales son, por ejemplo, las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, todas entregadas como regalo y tributo al presidente que se va y que han puesto en tela de juicio la viabilidad de la forma de gobierno y el equilibrio de poderes para que la política esté por encima del Estado de Derecho y del orden constitucional, además de la desestabilización heredada al nuevo gobierno cuando no hay paz, impera la inseguridad y existe la zozobra en muchas zonas del país en las que la única ley es la que imponen los grupos de poder criminal.
Otra situación preocupante es el futuro de las entidades que han ejercido un contrapeso efectivo al poder y han empoderado a los ciudadanos. Al borde del estrangulamiento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos -INAI- o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de no ser extinguidos por la implacable aplanadora del oficialismo, serán reducidos por la falta de presupuestos suficientes para su desempeño.
Que la próxima administración 2024-2030 esté liderada por una mujer, no es garantía de que los asuntos del gobierno vayan mejor, pero podría dar una señal positiva de que las cosas puedan rectificarse. Lejos de megalomanías, esas tendencias radicales, ya vistas en otras latitudes y que condujeron estrepitosamente al fracaso y, en casos extremos, a largas dictaduras y regímenes autoritarios que han sumido a los pueblos en la pobreza y miseria más condenable, podrían tener un enfoque más moderado y equilibrado que sólo el de un conflicto entre facciones, rancias discusiones y actos que en lugar de reflejar la sabiduría de una gobernante, podrían ser el enfoque suicida de la política que nos enfrasque en duras crisis sociales, políticas y económicas.
Los obispos de México han llamado la atención, en reiteradas ocasiones, de que el Estado de derecho está en riesgo y hay peligros latentes que deben advertirse antes de que sea demasiado tarde. La Iglesia católica propone un diálogo por la paz y, aunque aún no ha habido acercamientos públicos con la presidenta de México, la jerarquía ha trazado lineamientos para caminar por el bienestar del país.
El Estado de derecho no puede ser suspendido a discreción. Como diría Gabriel Zaid, la corrupción aparece con la mentira constitucional de que “Todo poder público dimana del pueblo… Y el poder impune, ese que no puede ser contravenido, necesita de la mentira incuestionable cooptando al Poder Judicial, en las Cámaras legislativas, en los medios de comunicación a modo, en las consultas y encuestas, en libros de texto o en opiniones a modo.
Todos queremos que le vaya bien a la próxima presidenta, pero, sobre todo, queremos que gobierne con prudencia, sabiduría y mesura democrática. Y sea libre de ese patriarcado que ostenta un hombre que sí, efectivamente, es un peligro para México.
