Según fuentes noticiosas, la masonería ha solicitado al Tribunal Superior del Reino Unido una orden judicial de emergencia destinada a bloquear una nueva norma de la Policía Metropolitana que exige a los oficiales y al personal declarar si pertenecen a la masonería o a organizaciones similares.
Esta medida se enmarca en la investigación en curso sobre la presunta influencia masónica dentro de la fuerza policial.
La iniciativa, según informó el lunes la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE), pretende suspender la aplicación de la norma en espera de una revisión judicial completa.
La UGLE, que representa a la masonería en Inglaterra, Gales, la Isla de Man y las Islas del Canal, cuestiona esta política y afirma que equiparar la masonería con una asociación “declarable” constituye discriminación por motivos religiosos.
Según la norma
introducida este mes por la Policía,
los funcionarios y el personal
deben revelar
su membresía actual o anterior
en cualquier organización
que sea
* «jerárquica,
secreta
* y requiera que los miembros
se apoyen y protejan entre sí».
En documentos judiciales, la UGLE afirmó que el Comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, estaba “inventando la ley en el momento” y acusó a la fuerza policial de “inventar teorías de conspiración” sobre la influencia de la masonería.
El Gran Secretario de la UGLE, Adrian Marsh, dijo que la decisión de la policía de incluir a la masonería en la lista de asociaciones declarables se tomó sin la consulta adecuada y corre el riesgo de comprometer la integridad de sus miembros.
“Hay una contradicción entre la aceptación por parte de la Met de nuestra solicitud de una consulta más completa… y su posterior negativa a suspender su decisión en espera del resultado de esa consulta”, dijo Marsh, según The Guardian.
Anteriormente había indicado que entre los 32.135 oficiales del Met había 440 masones, argumentando que era «inconcebible» que un número tan pequeño pudiera ejercer alguna influencia sobre el organismo.
La Policía Metropolitana anunció que defenderá firmemente la política, considerándola parte de sus esfuerzos por recuperar la confianza pública. Un portavoz afirmó que los cambios se introdujeron para garantizar que no exista la posibilidad de que lealtades ocultas influyan en la labor policial.
La iniciativa surge de una recomendación del Panel Independiente Daniel Morgan, que investigó la gestión policial del asesinato sin resolver del investigador privado Daniel Morgan en 1987.
El informe de 2021 del panel concluyó que los vínculos de los agentes con la masonería habían sido «una fuente recurrente de sospecha y desconfianza» a lo largo de la investigación, en medio de décadas de pesquisas que habían suscitado acusaciones de corrupción.
LONDRES, INGLATERRA.
MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
RENOVATIO.
