Este martes, Grégor Puppinck presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en representación de veinte diputados o ex diputados españoles, una demanda contra el Tribunal Constitucional español por retraso injustificado en dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la ley del aborto de 2010. Todo un oprobio para los jueces que lo componen y sus predecesores en estos años, que han aparcado durante más de una década un recurso concerniente al derecho a la vida, fundamento de todos los derechos fundamentales, haciendo pasar por delante 2146 sentencias.
Puppinck es un abogado francés especialista en derecho internacional y derechos humanos que dirige el European Centre for Law and Justice, una asociación veterana en la defensa ante las instituciones europeas de la vida, la familia, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa. En un reciente artículo en La Nef, alerta de lo que le dice su experiencia en estas lides: «Cada vez más tenemos la sensación de que la lucha final es inminente y de que la guerra es mundial«.
Ofensiva total
Los hechos que recoge Puppinck abonan esa impresión. Solo en las últimas semanas:
-el Parlamento Europeo ha aprobado el denominado «informe Matic», que postula el aborto como un derecho humano y considera la objeción de conciencia de los sanitarios como una denegación de asistencia médica; esta propuesta, presentada por el eurodiputado socialista croata Predrag Matic, fue probablemente redactada, sostiene Puppinck, por el Fondo Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, un lobby respaldado por la delegación europea de la multinacional abortera Planned Parenthood Internacional;
–Gibraltar, colonia británica en suelo español, derogó en referéndum el 24 de junio su ley contra el aborto, con un 62% de votos favorables y una participación del 52%, esto es, con un respaldo inferior a un tercio del censo;
-en Malta, el único país de la Unión Europea que prohíbe el aborto en toda circunstancia (también lo hacen Andorra y San Marino, pero no pertenecen a ella), se ha presentado un proyecto de ley proabortista; tiene pocas probabilidades de prosperar, y el propio presidente George Wella ha afirmado que dimitirá antes que firmarla si se aprobase, pero ha servido para incrementar la presión globalista sobre el país;
-la nueva ley bioética francesa facilita la destrucción de embriones de hasta 14 días para investigación, elimina la semana de reflexión de la madre antes de someterse a la intervención y legaliza el aborto hasta el momento antes del nacimiento (cuando el bebé es perfectamente viable) en casos de problemas de salud para la madre o el hijo;
-ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha presentado una iniciativa contra la cláusula de conciencia ante el aborto del personal sanitario;
-ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha planteado un requerimiento contra la prohibición del aborto que todavía mantienen varios países americanos;
-al Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado un recurso contra una ley del estado de Misisipi que prohíbe el aborto a partir de la decimoquinta semana de gestación; el recurso pondrá a prueba la sólida mayoría provida que conformó Donald Trump, por lo cual todas las terminales mediáticas y los grupos políticos financiados por el lobby abortero se han puesto a trabajar para presionar a los jueces conservadores que más debilidad han mostrado hasta ahora.
Presupuesto ilimitado
Para ganar todas estas batallas, el establishment globalista cuenta, explica Puppinck, con «un presupuesto casi ilimitado de miles de millones de dólares«: «Desde sus orígenes, la promoción del aborto se ha hecho siempre por medio de un pequeño grupo de militantes, preferentemente a través de los tribunales más que de las urnas, y gracias al apoyo de fundaciones de millonarios anglosajones».
Grégor Puppinck lleva años planteando iniciativas y recursos ante las instituciones europeas a favor de la vida, la familia, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa.
Por orden cronológico, las fundaciones Rockefeller, Ford, Open Society (Georges Soros) y Gates (Bill y Melinda Gates, ahora divorciados) han cubierto las necesidades económicas del abortismo internacional. Actúa de acuerdo con el Banco Mundial y con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que a su vez colaboran con las grandes multinacionales del aborto: Planned Parenthood y Mary Stopes.
Solo la Fundación Gates a concedido 25 millones de dólares desde 2010 a la rama europea de Planned Parenthood, y solo en 2018 le dio 3 millones de dólares al antes citado Fondo Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, probable redactor del informe Matic. Este fondo es financiado también por otras 22 organizaciones, entre ellas la Open Society de Georges Soros o corporcaciones como Nike o Hewlett.
De hecho, una de las investigaciones más contundentes realizadas en los últimos años por el European Centre for Law and Justice de Puppinck fue la que demostró, en febrero de 2020, que el 22% de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han trabajado para ONG financiadas por Soros.
Objetivo: acabar con los provida
Todos estos peones del movimiento abortista global apuntan ahora a un nuevo objetivo: ya no se trata solo de imponer el aborto en los pocos lugares donde aún sufre restricciones, o de ampliarlo allí donde es legal hace tiempo. Ahora se trata de perseguir profesionalmente a los médicos que objeten (de ahí el «informe Matic») y perseguir penalmente a los grupos provida.
En España, el PSOE (que integra la coalición socialcomunista presidida por Pedro Sánchez) ha presentado una proposición de ley para castigar incluso con penas de cárcel a quienes recen ante los abortorios o a los «rescatadores» que ofrezcan alternativas a las madres que acuden a ellos.
Pero esta proposición no surge de la nada. En 2019, Planned Parenthood, ante el riesgo de perder la batalla de la opinión pública (con investigaciones como la de David Daleiden o películas como Unplanned) o de los tribunales (gracias a los nombramientos provida de Trump) tomó la decisión de pasar al ataque contra las personas y organizaciones contrarias al aborto, misión que confió, en Europa, a su rama europea y al citado Fondo Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo.
Al mismo tiempo, la organización Open Democracy ponía en marcha la operación Trackin the Backlash (en traducción libre, «localizar la reacción»), financiada en 2019 con 407.000 dólares por la Open Society de Soros, con la finalidad de publicar en la prensa subvencionada informes alarmistas sobre poderosas tramas cristianas y conservadoras provida con capacidad para acabar con los llamados derechos reproductivos de la mujer.
Las instituciones europeas enseguida recibieron a los representantes de estas iniciativas (de ahí el éxito en la votación del «informe Matic», facilitado también por la desunión y la confusión en este tema del Partido Popular Europeo) y ahora también «en la ONU se aprecia actualmente una iniciativa similar contra los defensores de la familia», concluye Puppinck.
Así están las cosas. Los provida han conseguido algún éxito a nivel nacional (gracias a políticos como Trump en Estados Unidos, Viktor Orban en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrzej Duda en Polonia), mientras los promotores del aborto se atrincheran en las instituciones globalistas. El conflicto «se ha exacerbado» y ganar cada palmo de terreno cuesta, pero cuenta mucho.
Carmelo López-Arias / ReL.
