El jueves 27 de julio, Spes Vida y BishopAccountability, organización estadunidense creada en 2003 y dedicada a reunir y documentar la información mundial de pederastia clerical, presentó un informe mexicano de obispos encubridores de clérigos delincuentes. Poca sorpresa causó su publicación. Es el reciclaje de una “lista negra” revelada en 2015 con los nombres de presuntos encubridores y de los pederastas, algunos fugitivos; otros, sentenciados y pocos, ya enfrentando el juicio del Señor. Una buena asistencia virtual de casi un centenar de interesados, muchos en la conferencia de prensa vía remota eran periodistas; otros, clérigos y funcionarios curiales bien identificados que admitieron su interés por “cierto morbo” de las novedades del informe.
A diferencia de la importante documentación estadunidense que ostenta la organización en su portal web, la codirectora, Ann Barret Doyle, repasó los casos de sobra conocidos por la opinión pública sin mayores elementos o nuevas aportaciones, salvo la exigencia de entregar “a la justicia a los encubridores y expulsar a los jerarcas católicos cómplices”.
Se asegura que la incursión de la organización en México es el primer paso para el sistemático seguimiento de casos pasados y del presente. De hecho, el vergonzoso caso Huerta de la Sociedad de San Pablo, no se contempla en la presentación última siendo de los más actuales en las opacas acciones de congregaciones, comunidades y órdenes religiosas sobre un delincuente pederasta degradado y separado de sus funciones sacerdotales y sin castigo a los superiores encubridores actualmente en funciones de gobierno.
No obstante el combate a la pederastia clerical y de los deleznables casos, en México la situación es aún terreno desconocido. Indubitable, el esfuerzo de varias arquidiócesis y diócesis de hacer de la Iglesia un lugar seguro para niños, mujeres y personas vulnerables; sin embargo, no hay certidumbre sobre el castigo a los delincuentes, la efectiva reparación de daños y garantías de no repetición.
La excesiva confianza podría ser un pecado de graves consecuencias. Por un lado, la Iglesia mexicana reconoció, previo al confinamiento por la pandemia, que alrededor de 426 clérigos estuvieron bajo investigación abarcando una década de abusos perpetrados; de esos 157 clérigos con paradero “desconocido”. El nuncio Coppola también dijo que el Vaticano investiga a doce obispos encubridores. No se sabe, a ciencia cierta, si la lista de Bishopaccountability es coincidente con las afirmaciones del ahora nuncio apostólico en Bélgica. De serlo, poco se ha avanzado; de ser diferente, entonces habría en cuarto de obispos, del casi centenar en el Episcopado Mexicano, quienes, en en sus funciones pasadas o presentes, se les estaría apuntando de proteger pederastas.
426 sacerdotes abusadores es escandaloso. Repartidos en diez años tendríamos 42 sospechosos anuales. Parecen cifras muy discretas a diferencia de otros países donde abusos clericales se cuentan por miles. En el foro de derechos de la infancia organizado por Spes Viva en noviembre pasado, activistas anunciaron una millonaria demanda contra el arzobispado de México y el arzobispo Aguiar, pero nada ha sucedido.
Y los casos continúan. Algunos, ventilados por los medios de comunicación. El 8 de marzo, se destapó un escándalo en la diócesis de Culiacán involucrando a cinco sacerdotes depredadores quienes abusaban de jóvenes. Sólo la presión social obligó a los responsables diocesanos a admitir la veracidad del asunto.
El 10 de octubre de 2022, se publicó el caso de Alejandro “N”, sacerdote en Apodaca de la arquidiócesis de Monterrey, por lujuriosos tocamientos indecentes a una niña según denunció el padre de la menor desde junio de 2021. El presunto delincuente fue detenido e ingresado a un reclusorio estatal.
Otros han tenido sentencias condenatorias. Aristeo Baca Baca, de la diócesis de Ciudad Juárez, ahora está en las sombras purgando 34 años de prisión al probarse el abuso y violación de una menor, acolita de la parroquia, entre 2015 y 2016.
O bien, la inversión de recursos legales para defender a presuntos delincuentes o llegar a arreglos con las víctimas. En la arquidiócesis de México se habría contratado a un despacho de abogados pagado por la maltrecha economía de la arquidiócesis de Carlos Aguiar para resolver las causas de casi una veintena de sacerdotes. A pesar de los procesos, algunos indiciados estarían en el ejercicio de sus funciones y otros, convenientemente trasladados. Al respecto, algunas denuncias han llegado a este blog como el ampliamente documentado asunto del cura Juan Carlos Ávila Reza, tenido por abusador y depredador homosexual, ahora consentido en el aparato curial aguiarista.
El informe de Bishopaccountability no tuvo novedades, pero es indicativo de algo. El problema prevalece y los abusos continúan. Al momento, la CEM o cualquiera de las arquidiócesis o diócesis mencionadas no han dado alguna declaración al respecto del informe; sin embargo, la oportunidad es que la sociedad organizada y la Iglesia católica operen en beneficio de la transparencia. Romper los pactos de silencio y la denuncia de las víctimas superando el miedo. No se trata de cacería de brujas, pero tampoco de la tolerancia del delito al amparo de la impunidad.
