La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia abrirá la puerta a que la «prestación del derecho a morir» pueda realizarse también en las residencias de ancianos o en centros sociosanitarios, después de que los partidos de la coalición del Gobierno presentaran este jueves una enmienda transaccional con ERC, Bildu, Más País, BNG y Junts per Cat.
Hasta este jueves el articulado de la ley establecía que esta «nueva prestación» del Sistema Nacional de Salud se podría realizar en «centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio particular». Pero con la aprobación de esta nueva enmienda —por 22 votos a favor y 14 en contra—, el derecho a morir podrá prestarse en el «domicilio» a secas, dejando abierta la interpretación sobre si ese término incluye también las residencias de ancianos u otro tipo de centros donde los enfermos suelen residir durante largos periodos de tiempo.
Algunos grupos parlamentarios como Más País, Bildu, ERC, BNG y Grupo Plural, habían pedido que por el concepto domicilio «se entendieran también las residencias geriátricas o socio sanitarias si la persona está ingresada de manera continuada», pero los partidos de la coalición de Gobierno y sus socios acordaron este jueves una vía intermedia al descartar el término «domicilio particular» y dejarlo solo «en domicilio».
La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, explicó a ABC que la enmienda, que también fue apoyada por este grupo parlamentario, fue incluida para «dejar libertad a cierta interpretación que permita contemplar esos centros socio sanitarios» que proponían algunos partidos. «La claúsula domicilio es más amplia y abre el abanico a más supuestos a valorar. Puede abrir a una valoración judicial para interpretar el término», indicó.
Expertos en Derecho consultados por ABC señalan que al quitar el término «particular» deja de referirse al «concepto oficial de domicilio», como el lugar «donde se está empadronado», y puede interpretarse como «el sitio real donde se vive», explica el profesor de Derecho Civil de la Universidad Abat Oliba-CEU, Xavier Puigdollers. «Es una cuestión más genérica con la que se intenta facilitar al máximo la práctica de la eutanasia», añade.
Una «ley radical»
Para la diputada de Vox, Lourdes Méndez, esta enmienda es una muestra más «de lo radical que es esta ley». «Mucho más de lo que han hecho otros países. Si la regulación de la eutanasia es una pendiente resbaladiza, nosotros ya empezamos por la mitad de la pendiente», aseguró a ABC la diputada de Vox, uno de los partidos que junto al PP votaron este jueves en contra del dictamen de la ley de eutanasia en la Comisión de Justicia.
José Ignacio Echániz del grupo parlamentario popular aseguró, por su parte, que se trata de «una ley injusta, inoportuna e inconstitucional», que «se ha saltado todos los informes de los juristas y del Comité de Bioética y ha secuestrado el debate social al impedir que comparezcan en la Cámara los médicos y expertos en cuidados paliativos». El diputado acusó al PSOE de falta de voluntad política para mejorar los cuidados paliativos antes que regular la eutanasia. «Saben que con unos cuidados paliativos de calidad, la eutanasia se queda sin clientes. ¿Dónde está la libertad de elegir cuando no hay alternativa?», se preguntó.
El dictamen –que contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de izquierda (PSOE, Podemos, Más País), de los independentistas (ERC, Junts per Cat y PDeCat), del PNV y Ciudadanos– pasará ahora al Pleno del Congreso de los Diputados, que previsiblemente se celebrará el próximo jueves. Tras su aprobación irá al Senado, que podría comenzar su tramitación en el mes de febrero, ya que enero es inhábil.
Con información de ABC/Laura Daniele
